Ahora sí, el sistema político mexicano está en un momento de descomposición acelerada. La regresión autoritaria iniciada por el Presidente López Obrador, abrió la exposición política del poder presidencial. En la medida que se fueron dinamitando los mecanismos de control de legalidad de los actos de autoridad, en esa medida las reglas dejaron de proteger al ejercicio del poder. Resulta claro que la recomposición del régimen político mexicano pasó por tolerar altos niveles de corrupción. La transacción de impunidad a cambio de obediencia, tarde que temprano iba a reflejar una deslegitimación del poder público.
La Presidenta Sheinbaum hoy se ve atrapada en una lógica perversa. Por una parte, el gabinete de seguridad viene combatiendo la paulatina descomposición que ha implicado la penetración de la delincuencia organizada en la operación electoral del partido en el poder. Hoy, los grupos políticos beneficiados por tales acuerdos, amenazan con revelarse ante las agencias de la autoridad si son perseguidos. La tolerancia del gobierno anterior a estos pactos de protección hoy se le revierten. Este desorden sólo escala la violencia al reproducirse sin control.
Aquí entran las presiones internacionales. El tráfico de drogas -especialmente el fentanilo- y la migración ilegal, son fenómenos a los que la Administración Trump señala como factores de ingobernabilidad y violencia en la sociedad norteamericana. Aun cuando la cifra negra sea un factor difícil de cuantificar por su propia naturaleza, resulta claro que el carácter torvo y corruptor de las organizaciones criminales, las vuelve candidatos idóneos de la descalificación. The usual suspects funcionan perfectamente como receptores del enojo y temor de una sociedad expuesta a la polarización política y al aumento de la violencia social.
La corrupción política en México aparece como una fuente de riesgo en la agenda de seguridad nacional de los americanos. No están locos. Especialmente en la frontera, se vive esta tensión entre dos regímenes políticos que van apareciendo como antagónicos. No es una simplificación inaceptable aducir que hoy, la Presidenta Sheinbaum se mueve entre dos voluntades políticas que amenazan con rebasarla.
Por una parte, aparece el Patriarcado de López Obrador como líder indiscutible de un movimiento político que es la base de sustentación del presente gobierno. Por otra, aparece la cada vez más beligerante presión del gobierno de Trump respecto a cualquier gobierno extranjero que ponga en riesgo los intereses norteamericanos. Basta que lo tilde de corrupto, autoritario y débil para enfrentar a la delincuencia
Un gobierno democrático que funciona a través de instituciones legítimas y reglas legales claras, tiene la capacidad de distinguir las presiones legítimas de las ilegítimas. Este no es el caso de un gobierno que exclusivamente funciona bajo presiones de los factores reales de poder. La incapacidad de este gobierno para someter a muchos grupos políticos a las reglas del juego democrático, hoy lo ponen a la deriva.
La justicia legal americana, aquélla que de manera tan “convincente” persiguió a funcionarios como García Luna, hoy reclama a nuevas víctimas propiciatorias. Oponer a estas presiones un discurso de la soberanía que descansa exclusivamente en la voluntad política presidencial, expone a la Presidenta a asumir los costos de cualquier resistencia.
Ya no alcanza a dividir al país en buenos y malos, o entre neoliberales y patriotas. Tampoco alcanza para incendiar las diferencias sociales entre “chairos” y “fifis”. El control político de la gestión de la pobreza entra en riesgo. Es disfuncional cuando se trata de proteger los pactos de corrupción. Es momento de reconstruir la legitimidad política en el país.
Frente a las demandas de López Obrador y de Trump, a este gobierno le queda la salida de una soberanía fundada en instituciones justas y leyes democráticas.
Abogado