Uno de los mayores dolores para un ser humano es la muerte de un hijo. Esa muerte inoportuna y cruel que altera el devenir de las generaciones. No nos toca a los padres enterrar a los hijos. Este es un dolor que crece ante la incertidumbre. Cuando los padres desconocen el paradero de los hijos y la hipótesis más probable es su muerte, al duelo se suma la confusión. La esperanza por pequeña que sea, de que puede estar vivo, prolonga el dolor e impide el cierre.
La desaparición forzada es un tema que ha venido empañando la vida nacional desde hace varias décadas. Dicha figura admite dos hipótesis, la desaparición de personas por agentes del Estado, ya sean formales, o cuerpos paraformales (aquellos particulares que realizan sus actividades por encargo y bajo costo de servidores públicos). Normalmente, estos casos obedecen a persecuciones políticas. En honor a la verdad, a partir de los años setenta, las reformas políticas fueron abriendo espacios públicos a las disidencias. La existencia de campañas y debates sociales fueron desenconando a la lucha por el poder. Efectivamente, la política electoral se fue tornando en el espacio pacífico que desplazó a los discursos revolucionarios y subversivos.
Por otra parte, la desaparición forzada por particulares ha venido creciendo a niveles alarmantes. Este es el caso de organizaciones criminales que reclutan a personas para la realización de sus actividades. En algunos casos, las desapariciones obedecen a las pugnas entre diversas organizaciones. Los jóvenes que van muriendo se tornan bajas de guerra. Otras veces son verdaderos actos de trata de personas ya sea para explotar su actividad laboral o para promover, sobre todo en mujeres, la consolidación de un mercado de servicios sexuales que por su clandestinidad produce pingües ganancias. Esta forma de esclavitud moderna tiende a crecer en la medida que las migraciones son criminalizadas y, por ende, cada vez asumen más una dimensión clandestina.
Este fenómeno es producto de la debilidad y desorden institucional. La falta de un control sobre la identidad de las personas ha generado oportunidades crecientes para el abuso y la explotación. Al no poderse dar un seguimiento razonable a las personas “estas desaparecen”, es decir, dejan de ser percibidas por los ojos naturales que las siguen. Aquéllas miradas de los padres o los hermanos que siempre están pendientes para volver a ver a los hijos o hermanos. El desarraigo de muchísimos jóvenes frente a su familia es el caldo de cultivo de esta tragedia. Recuperar la fortaleza del vínculo familiar es esencial para prevenir el crecimiento de las organizaciones criminales. Sin duda alguna, un antídoto para el crecimiento de reclutamiento de los jóvenes es fortalecer los lazos del parentesco. Los padres deben tener la oportunidad de poder conocer los riesgos a los que se someten las actividades de sus hijos menores. No debe de existir una coartada institucional para desvanecer la responsabilidad parental frente a los menores de edad.
El análisis conjunto de estas desapariciones produce muchos desatinos. No es lo mismo la violencia política que la violencia criminal. Hoy, existe una resistencia a fortalecer los mecanismos de control de identidad, alegando que con ellos se fortalece el control político de los ciudadanos. Nadie nos explica con claridad por qué estos mecanismos de identificación le servirían a las burocracias para controlar a los ciudadanos. Más aún, se parece confundir el derecho a la clandestinidad como una forma de proteger la libertad personal.
Ya se ha probado, con la credencial de elector, que la integridad ciudadana no se vio amenazada por la posibilidad de identificar a cada uno de los ciudadanos. Es más, mucho se ha ganado en términos de la integridad electoral, al poder vincular de manera efectiva a cada uno de los ciudadanos con el listado de los autorizados para votar. Sólo así se puede verificar: “un elector, un voto”.
Es necesario aumentar la certidumbre entre los ciudadanos respecto a la legalidad de los intercambios. Dejar claro quién es quién en cada una de las operaciones. No olvidemos que este desorden ha permitido la multiplicación de la extorsión al poder recibir transferencias de dinero con identidades falsas. La imposibilidad de verificar a los destinatarios aumenta el riesgo para el sistema en su conjunto.
Debe fortalecerse el sistema de identidad nacional. Sólo así podremos saber que personas reales perciban los beneficios asistenciales que señala la ley. Mucha de la simulación que opera en el país y el aumento gradual pero constante de la corrupción institucional pueden ser mitigados frente a la identificación de los sujetos. Nadie tiene derecho a falsificar su identidad, ni tampoco es claro que lo tenga a la clandestinidad. El derecho a la intimidad es otra cosa.
Es mucha la desconfianza que hoy impera en esta materia. Más nadie puede negar que el desorden sólo beneficia a los más corruptos y violentos. La Cédula de Identidad es una necesidad que ya no debe postergarse.
Abogado
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