“… durante el reinado de Eduardo III -en el siglo XIV-, se establecieron los cimientos de una política mercantil claramente proteccionista. Este gobernante opinaba que: <<Una nación puede hacer algo más útil y provechoso que exportar lana en bruto e importar productos fabricados con ella>> (List, 1841: p. 60).
La exportación desde México, que no mexicana, de bienes manufacturados se alimenta poderosamente de las llamadas importaciones temporales, las que corresponden a materias primas elaboradas que aquí se ensamblan y se envían al exterior; en otros términos: desde México se exporta lo que se importa, con un valor agregado consistente en un bajo horizonte tecnológico, y con el único consuelo de un empleo de relativa calidad disperso en algunos lunares de modernidad. Esa no es una política mercantil.
La afición librecambista de la izquierda mexicana, pintoresca condena geopolítica, adoptada con sorprendente entusiasmo, corresponde -notablemente en el caso del T-MEC- a la sumisión que produce la práctica comercial con un país cuyo desarrollo relativo resulta abrumadoramente asimétrico respecto al mexicano, bajo cualquier criterio de comparación.
Desde la heterodoxia, el intercambio comercial debe satisfacer el requisito de practicarse con naciones de desarrollo similar y producción complementaria; mientras que la inversión privada -nacional y extranjera- se dispondrá a aceptar una coordinación del Estado para ubicarse en regiones y sectores gubernamentalmente estratégicos para la lógica del crecimiento económico. Evidentemente, no es el caso.
La inversión privada nacional, no solo no ha aceptado la coordinación del Estado que el Plan México presupone; tampoco se ha mostrado dispuesta a invertir en el país, aunque disfruta de un régimen fiscal atrapado en el tradicional mito que invita a no gravar a los ricos porque de ellos provendrá la generación de empleos. De la extranjera que, con mucho, es preferentemente estadounidense, es mucho lo que se espera de las no tan prometedoras pláticas sobre la continuación del T-MEC, que no ha recibido (ni recibirá) el beneplácito del gobierno estadounidense, por lo que será objeto de revisiones anuales que, por temporalidad, no abonan a la certidumbre sobre los montos y tiempos de retorno de cualquier inversión productiva, cuya edificación y posterior vida útil requieren plazos considerablemente mayores.
El ejercicio de la planeación nacional, retóricas aparte, debiera ser un ejercicio soberano; con soberanía financiera estatal, con acuerdos internos con el capital privado que colabore en el diseño del plan y, por supuesto, en su ejecución; con consulta y aprobación de las comunidades afectadas; con las previsiones claras de la derrama de beneficios; con propósitos claros de crecimiento distributivo; en fin, con regulaciones precisas que se interpongan a los abusivos privilegios y arraiguen, en el mediano plazo por menos, a las empresas involucradas.
La búsqueda de diversificación de socios comerciales, antigua insistencia progresista, no solo fortalece al carácter soberano de la política comercial; también cobija a un previsible efecto compensatorio. Los gobiernos de aquel neoliberalismo que no acaba de irse firmaron tratados de libre comercio que involucran, al menos, cuatro decenas de países, y más de 4 quintas partes de nuestras exportaciones, van a uno solo. Esa, tampoco, es una política comercial.
A lo largo de la traición a la normatividad de la ALADI, perpetrada por el gobierno salinista que ignoró la norma de nación más favorecida, las relaciones de México con América Latina se han despojado de solidaridad y carisma, salvo un puñado de casos. Carecemos de relaciones diplomáticas con Ecuador y las mantenemos en pausa con Perú. Una sólida política comercial debiera enfocarse a restablecer, y mejorar todas las subregionales, justo en momentos en los que las derechas latinoamericanas ganan terreno apresuradamente.
Urge un gran debate nacional sobre una política comercial que constituya el primer eslabón de la política industrial y de la economía política mexicana.
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