La procuración de justicia en México ha sido durante décadas, uno de los eslabones más frágiles del Estado. La distancia entre la ley y la realidad ha generado una herida persistente: la impunidad. Por ello, asumir que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, implica romper con inercias históricas y reconstruir desde sus cimientos la función del Estado frente a las víctimas.
El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 parte de una premisa fundamental: colocar a las víctimas en el centro, como eje rector de toda acción institucional. En este sentido, la verdad, la justicia y la reparación del daño son componentes inseparables de una misma obligación ética y jurídica. Cuando el Estado investiga, no solo busca sancionar; busca restituir, dignificar y reconstruir.
Con esta convicción, la Fiscalía General de la República abandona un modelo reactivo, fragmentado y burocrático, para dar paso a una lógica estratégica, basada en inteligencia, coordinación y análisis científico. Este tránsito —de la fragmentación a la inteligencia, de la inercia a la acción— es estructural. La justicia no puede seguir siendo entendida como un trámite o una estadística, sino como el cimiento de la democracia y del contrato social. Cuando falla, no solo se vulnera a la persona: se debilita el tejido entero de la sociedad.
La reingeniería institucional que expone el Plan reconoce, además, la complejidad del fenómeno criminal contemporáneo. Ya no se trata de delitos aislados, sino de estructuras dinámicas, articuladas, que requieren respuestas igualmente sofisticadas. De ahí la apuesta por un modelo de investigación sustentado en evidencia científica, trabajo multidisciplinario y coordinación interinstitucional.
Esta transformación, también es ética. Implica erradicar prácticas que durante años minaron la confianza ciudadana: la corrupción, la opacidad, la indiferencia. Una Fiscalía que aspire a ser justa debe ser, primero, íntegra. Por esto, la transparencia y la rendición de cuentas son condiciones indispensables para recuperar legitimidad. En el fondo, lo que está en juego es la capacidad del Estado mexicano para responder a la demanda histórica de que la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible.
Cada carpeta de investigación representa una historia, un agravio y una expectativa legítima de respuesta. Fortalecer la procuración de justicia implica, por tanto, no solo perfeccionar procedimientos, sino recuperar la sensibilidad institucional: escuchar con seriedad, actuar con responsabilidad y garantizar que cada decisión tenga como horizonte la dignidad humana. Se trata de una justicia que encuentra su sentido en servir al pueblo y que da sustento real a la misión de garantizar acceso efectivo a la justicia y a la visión de consolidar una institución íntegra, eficaz y humana.
Con el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, la Fiscalía General de la República reconoce sus desafíos, asume su responsabilidad y decide emprender la ruta de la transformación, para que la justicia deje de ser una aspiración y se convierta en un mandato ineludible frente al pueblo; para que la Ley deje de ser privilegio, sino garantía para todas y todos.
Fiscal general de la República