La verdad no necesita policía: necesita libertad. La propuesta de nuevos Lineamientos para la Protección de los Derechos de las Audiencias parte de una idea que, en principio, resulta difícil de objetar. Busca que la radio y la televisión ofrezcan información veraz y plural; que distingan claramente entre noticias, opiniones y publicidad; que cuenten con códigos de ética y defensorías de las audiencias; y que las personas tengan mecanismos para presentar quejas cuando consideren vulnerados sus derechos. Incluso llega al detalle de regular el uso de plecas, cortinillas, avisos sonoros y otras formas de identificar el tipo de contenido que se transmite.
Hasta ahí, cuesta trabajo estar en total desacuerdo. Todos queremos medios más responsables. Todos quisiéramos que la información fuera veraz y que las audiencias contaran con herramientas para defender sus derechos.
El problema no está en el objetivo. El problema está en el cómo y en el quién pretende convertirse en su garante.
Porque la primera obligación de quien exige la verdad es practicarla. Y la primera obligación de quien exige pluralidad es ejercerla.
Resulta difícil tomar en serio lecciones sobre veracidad de un movimiento político que popularizó el “yo tengo otros datos”, que con frecuencia descalifica información incómoda cuando contradice su narrativa y que suele presentar una sola versión de los hechos como si fuera la única posible.
También cuesta creer que un gobierno realmente preocupado por los derechos de las audiencias sea el mismo que ha sido incapaz de garantizar derechos mucho más fundamentales: la seguridad, la justicia, la salud o una educación de calidad. Quien todavía tiene enormes pendientes en la protección de los derechos esenciales de los ciudadanos difícilmente puede reclamar autoridad moral para presentarse como el gran defensor de los derechos de las audiencias.
Y hay otra contradicción difícil de pasar por alto. Resulta complicado creer que el mismo movimiento que desapareció el Instituto Nacional de Transparencia, encargado de garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública, quiera ahora convertirse en el gran defensor del derecho de las audiencias a recibir información veraz. Cuando la obligación de transparentar recaía sobre el propio gobierno, la solución fue eliminar al órgano garante. Ahora que las obligaciones recaen sobre los medios de comunicación, la respuesta es fortalecer la regulación y la supervisión. Transparencia para el poder, menos; regulación para los demás, más.
El contexto tampoco ayuda. La concentración de poder, la desaparición de contrapesos institucionales, la confrontación permanente con voces críticas y la creciente intervención del Estado en distintos ámbitos hacen inevitable preguntarse si estas reglas buscan proteger a las audiencias… o ampliar la capacidad del gobierno para influir sobre los medios.
Y hay una contradicción que raya en la ironía.
Durante años nos dijeron que “el pueblo es sabio”. Si de verdad lo es, entonces sabe distinguir entre un hecho y una opinión, entre una noticia y propaganda, entre la verdad y la mentira. Un pueblo sabio no necesita que el gobierno le explique qué debe creer.
Más aún, estos lineamientos podrían terminar produciendo un efecto inesperado. Si el riesgo de ser sancionados aumenta cuando se difunde información que pudiera considerarse carente de veracidad o pluralidad, los medios tendrían un poderoso incentivo para dejar de transmitir en vivo o reproducir sin filtros las conferencias oficiales. Después de todo, difícilmente podrían presentarse como el ejemplo más acabado de pluralidad o de apego a la verdad.
Sería una paradoja extraordinaria: una regulación creada para proteger la veracidad de la información terminaría convirtiendo a las conferencias del propio gobierno en el contenido de mayor riesgo para cualquier medio que decidiera transmitirlas íntegramente.
Al final, la regla debería ser mucho más sencilla: antes de exigirle a los demás veracidad, pluralidad y ética, un gobierno tendría que demostrar todos los días que esos son los principios con los que él mismo gobierna.