En México, la educación se ha vendido como la gran promesa de movilidad social, así como la vía legítima para superar la pobreza, cerrar brechas socioeconómicas, construir ciudadanía y desarrollar una democracia. Sin embargo, esa promesa convive con una realidad incómoda: un sistema educativo marcado por la desigualdad, intereses políticos e inserto en un entorno donde conviven la corrupción y el crimen organizado. El Estado mexicano no ha logrado garantizar una educación de calidad con equidad. Las brechas académicas entre zonas urbanas y rurales, entre escuelas públicas y privadas, y entre distintas regiones del país son profundas. A ello se suman prácticas de corrupción que han erosionado la credibilidad del sistema: asignación irregular de plazas docentes, uso clientelar de becas y cancelación de programas escolares. Aunado a ello, en distintas entidades, la frontera entre corrupción gubernamental y crimen organizado se ha vuelto difusa, configurando arreglos de poder donde la legalidad queda subordinada a intereses compartidos.
El caso de Sinaloa ilustra esta relación incómoda, ya que diversos episodios han alimentado la percepción de que el crimen organizado no solo disputa territorios, sino que influye en procesos políticos, incluyendo elecciones locales. Cuando esto ocurre, el problema deja de ser de seguridad y se convierte en uno de captura del Estado. Las autoridades que deberían garantizar los derechos ciudadanos operan en entornos donde su margen de acción está condicionado o, incluso, alineado con estructuras criminales. En regiones bajo influencia del crimen organizado, la presencia del Estado se debilita y las escuelas lo resienten: planteles que cierran por amenazas, docentes que evitan ser asignados a ciertas comunidades y estudiantes que abandonan sus estudios ante el peligro cotidiano. La ausencia de escuelas, maestros y alumnos no es solo un problema educativo, sino un indicador de quién ejerce realmente el control territorial.
En un país con alta desigualdad, esta precariedad educativa limita las oportunidades laborales de millones de jóvenes. Y ahí emerge con fuerza el crimen organizado, no solo como alternativa económica inmediata, sino como estructura que capitaliza el vacío institucional. Recluta, forma y, en algunos casos, disciplina. Pero hay un aspecto aún más inquietante: estas organizaciones no solo se nutren de la falta de educación; también pueden beneficiarse de ella. El crimen organizado en México ha evolucionado hacia esquemas que requieren capital humano especializado. Finanzas, derecho, comercio internacional y tecnología son ahora herramientas clave para su operación; la educación —incluso la de élite— puede ser incorporada como inversión estratégica. El conocimiento deja de ser exclusivamente un bien público para convertirse en un activo funcional de actividades ilícitas: lavado de dinero, empresas fachada, factureras, huachicol fiscal, etcétera.
Esto abre una pregunta incómoda sobre la formación profesional. Universidades que producen egresados altamente capacitados no siempre logran consolidar una ética pública robusta. En un entorno donde la corrupción es percibida como práctica extendida y donde el poder —legal o ilegal— ofrece recompensas desproporcionadas, la educación profesional puede volverse amoral. Así, universitarios formados en instituciones legítimas pueden terminar operando en circuitos ilícitos. El problema, entonces, es el ecosistema en el que se inserta la persona “educada”. Cuando la corrupción y el crimen organizado convergen, la educación pierde su capacidad de funcionar como mecanismo de movilidad y se convierte en un terreno más de disputa por el poder. Las aulas pueden enseñar legalidad, pero la realidad puede desmentirla todos los días. En un país donde, en ciertas regiones, las urnas, las instituciones y los territorios pueden ser influenciados por el crimen organizado, la disputa por la educación adquiere un significado mayor.
Sin embargo, sería un error caer en un fatalismo. Existen múltiples ejemplos en México donde la educación ha sido una herramienta real de transformación: universidades públicas y privadas que impulsan la movilidad social, docentes que trabajan en condiciones adversas para sostener comunidades enteras, y programas que reducen la deserción y la violencia. Estos casos demuestran que la educación sigue siendo una de las pocas vías capaces de disputar el terreno a la corrupción y al crimen. No obstante, hay que reconocer que por sí sola es insuficiente.
Presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, A.C.
@EduardoBackhoff