Una de las reformas que el gobierno federal presentará ante el Congreso de la Unión es la que busca modificar la industria eléctrica. Desde el punto de vista de algunos analistas, es una propuesta que devolverá el monopolio de la generación de energía al Estado, con las preocupaciones que eso genera por la mala experiencia de décadas anteriores cuando el gobierno era el único productor de electricidad. Desde el discurso oficial, se pretende restablecer la soberanía del Estado sobre la electricidad, pues se considera que está perdida, ya que los que impulsan o limitan la inversión es el sector privado.
Ninguna de las dos posturas puede descalificarse de manera tajante. Las críticas principales que se hacen a la Comisión Federal de Electricidad es por su rechazo a apostar por energías limpias y por elegir métodos caros y que dañan el ambiente al producir electricidad, pero tampoco puede ocultarse el elevado costo que representa pagar a empresas privadas que venden energía a la CFE. En lo que resta del sexenio, por ejemplo, la CFE tiene que erogar por ese concepto 269 mil 185 millones de pesos (cifra superior a lo que costará la obra del Tren Maya o de la refinería Dos Bocas); para el próximo año están etiquetados 49 mil 290 millones para comprar electricidad a 33 productores externos.
Todo indica que será la primera reforma —de las tres anunciadas por el presidente de la República— que el Ejecutivo enviará al Congreso. Entre lo que contendrá la propuesta, según información a la que este diario tuvo acceso, la cooperación con el sector privado se mantendrá.
La recuperación de la rectoría en el sistema eléctrico se prevé por medio de adquisición de centrales que actualmente son operadas por la iniciativa privada, aunque también se plantean esquemas para desarrollar proyectos de infraestructura con empresas o la coparticipación en centrales eléctricas.
Mantener ideas de apertura al capital privado y no de monopolizar la industria es un planteamiento prudente que debe redundar en la confianza que necesita el país para consolidar la recuperación económica y para mantener un clima óptimo para la inversión. Las épocas del Estado omnipotente y con presencia en todos los ámbitos deben quedarse en el pasado.