La reforma electoral de un autócrata

Para valorar la reciente iniciativa de reforma electoral del presidente mexicano, se debe tener presente que no se puede confiar en una reforma institucional propuesta por un régimen que quiere sustituir declaradamente a la democracia representativa por una democracia diferente, la así llamada democracia participativa, que no es otra cosa que un autoritarismo plebiscitario. En términos breves: los autócratas no son reformadores democráticos sino sepultureros de la democracia.

Es típico de ellos querer “reformar” la democracia representativa en distintos ámbitos electorales y constitucionales a la vez, como lo hace la reciente propuesta que pretende sustituir a todas las autoridades electorales y modificar el sistema electoral del Congreso Federal y las legislaturas locales así como de los municipios. Su proyecto destructivo no se reconoce claramente de inmediato, porque impulsan demandas populistas que en la crítica a la representación política y a la democracia son compartidas por mucha gente. Eso afecta sobre todo a los parlamentos y a los partidos.

Su planteamiento simplista es el siguiente: ¿Por qué se gasta tanto en las elecciones y en los partidos? ¡Reduzcamos el gasto en la democracia! ¿En realidad requerimos tantos parlamentarios? ¡Reduzcamos simplemente el tamaño de los órganos representativos! ¿Los partidos merecen tener financiamiento público? ¡Reduzcamos o desaparezcamos el financiamiento público! Estas demandas y propuestas pueden encontrar apoyo mayoritario en la población. A veces, el pueblo mismo vota contra la democracia. Hay que saber cuidar sus instituciones y no exponerlas a ideas mal pensadas y a actitudes mal intencionadas.

Estas tentaciones populistas se mezclan con otras demandas que se presentan como más democráticas que las reglas vigentes que garantizan la separación de poderes y el Estado de Derecho. Se propone la elección de los órganos electorales, el INE y el TEPJF, por el pueblo. La elección popular, sin embargo, suprime la independencia política de estos organismos fundamentales de la democracia representativa, deteriora su profesionalidad y destruye la integridad de las elecciones. Experiencias internacionales en el ámbito judicial lo confirman. De verdad, la propuesta significa el retroceso dramático a los tiempos autoritarios, resumido en el dicho: quien cuenta (los votos), gana.

No es que México necesite reformas urgentes en los diferentes ámbitos de las elecciones. Esto se desprende precisamente del reciente exhaustivo estudio comparativo Derecho Electoral Latinoamericano, compilado por Dieter Nohlen, Leonardo Valdés y Daniel Zovatto. En la organización y judicialización de las elecciones México es incluso ejemplar en la comparación internacional. No se necesita una reforma masiva y simultánea. Así, su verdadero propósito no se puede ocultar: erigir un régimen autoritario plebiscitario.

Naturalmente se puede discutir sobre la reforma al sistema electoral en sentido restringido, pero el sistema electoral segmentado que se aplica en México sale muy bien librado cuando se compara con el sistema electoral español que es el modelo en el que la propuesta de reforma parece orientarse. La reforma que desaparece los distritos uninominales en donde se elige por mayoría relativa y deja solo plurinominales con fórmula de representación proporcional, no da como resultado un sistema de representación proporcional, como lo muestra la comparación concreta con España.

Hay que recordar que no basta que un sistema utilice una fórmula proporcional para tener resultados de representación proporcional, porque la distribución de las circunscripciones, su pequeño o mediano tamaño, puede impedirlo. El peligro es que el debate público muerda el anzuelo sobre el supuesto sistema electoral proporcional y las propuestas que atentan contra la democracia, como el asedio a las autoridades electorales, se desvanezcan en un segundo plano. En la discusión sobre la organización y jurisdicción electoral se debe defender por todos los medios al INE y al TEPJF para evitar un retroceso que implica menor profesionalidad, escasa integridad electoral y elecciones fraudulentas. Esas nefastas propuestas merecen toda la atención crítica si no se quiere que la opinión pública sea cómplice de la caída de la democracia.