En el año 2017 en la Constitución de la Ciudad de México se reconoció el Derecho a la Ciudad como un mandato en el que se establece que la Ciudad nos pertenece a todas las y los habitantes, por lo tanto, su gestión debe ser democrática.
Transitar en la Ciudad de México es muchas cosas: para algunos podría representar solo un traslado, para otros es el recordatorio constante de nuestra historia, pero para otros más significa el encuentro con nuestras carencias y retos. Históricamente, la planeación, inversión y diseño de nuestras calles se hacía a puerta cerrada, eran decisiones exclusivas de unos cuantos; hoy, integrar las voces de quienes habitamos la Ciudad en la configuración y reconfiguración del espacio público y la imagen urbana es una obligación.
La imagen urbana es un componente fundamental de la vida, influye en el estado de ánimo, las emociones e incluso del sentido de pertenencia, cuando las y los vecinos participan en decidir cómo se vive en su colonia, qué identidad gráfica o visual debe tener su barrio, se genera un arraigo orgánico, un espacio que la comunidad ayuda a diseñar es un espacio que se cuida y del que la gente se apropia, por ende, la participación deja de ser un requisito burocrático y se convierte en una herramienta eficaz.
La inversión en mejoramiento urbano, pintura, bacheo, construcción de puentes, senderos seguros, centros comunitarios, plazas cívicas, parques y espacios recreativos se debe medir exclusivamente por el bienestar que genera a la sociedad. Al rehabilitar infraestructura, llámese banquetas dignas y transitables para todas las personas en nuestro conjunto, hasta iluminación, ciclovías seguras, el retorno de la inversión no se ve ni debe medirse en términos monetarios, sino en la reducción del estrés urbano y la felicidad de quienes viven o transitan, porque implica mejora en la movilidad de la zona e incluso la reactivación de la economía social; la CDMX entiende que el espacio público compartido es más barato de mantener a largo plazo, ya que cuando se cuenta con entornos dignos se reduce la necesidad de intervenciones correctivas en seguridad y salud, al invertir en parques y áreas verdes participativas, se fomenta la cohesión social, con ello de forma simultánea se previenen conflictos, disuade puntos violentos y promueve la activación física, es una apuesta de ganar- ganar desde el urbanismo.
Además, con el Derecho a la Ciudad se obliga a cerrar brechas de desigualdad, pues las zonas olvidadas ganan los servicios con los que cuenta la Ciudad central y que por derecho también les corresponde, con ello aumenta la plusvalía colectiva, permitiendo que el desarrollo no sea un fenómeno exclusivo de tres o cuatro colonias, sino un beneficio extendido y herramienta de combate contra la gentrificación. Apropiarnos de lo público es un derecho, cuando las personas que habitamos nos volvemos coautores del entorno, no solo dejamos de ser usuarios, sino que contribuimos a la rentabilidad social, se vuelve una ciudad que escucha y que cuida su paisaje urbano hasta lograr convertirlo en el hogar comunitario.
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