El mes pasado, el gobierno federal publicó el decreto por el cual se modifica la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), con el objetivo de mantener la rectoría del desarrollo nacional, la competitividad y una justa distribución de la riqueza.
Es importante recordar que la LIGIE es el cuerpo normativo que establece en México los aranceles de importación y exportación de las mercancías de comercio exterior. Dicha ley está basada en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías que, por medio de la clasificación arancelaria, sabremos qué tasa de impuesto pagará al importar o exportar. Cabe hacer mención de que esta modificación impacta a las importaciones provenientes de países con los que no tenemos tratados o acuerdos comerciales.
Esta ley es una piedra angular en las relaciones comerciales de México con el mundo e impacta directamente en la balanza comercial, debido a que los aranceles tienen, entre otras funciones, la de regular el comercio internacional y afectar los flujos de bienes entre países, así como generar ingresos para el gobierno, proteger a la industria nacional, corregir desequilibrios comerciales y promover la seguridad nacional. Al imponer aranceles a productos extranjeros, los países pueden hacer que estos sean más costosos para los consumidores locales, lo que puede fomentar la compra de productos fabricados localmente. Sin embargo, los aranceles también pueden llevar a represalias comerciales y a dificultar la competencia en el mercado global.
Ahora bien, el decreto mencionado se fundamenta en el Artículo 131 de nuestra Constitución; a la letra dice: “El Ejecutivo Federal tiene la facultad extraordinaria para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el Congreso de la Unión, y para crear otras, así como para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país”.
El decreto establece claramente que se modificarán temporalmente los aranceles de diversos productos, que previamente fueron modificados en el decreto del 7 de junio de 2022.
Con esta iniciativa del Ejecutivo se observa que, en la mayoría de las mercancías contempladas por el decreto, los aranceles experimentaron una subida de 25%. Con esta acción, se busca prevenir el impacto negativo en las cadenas de producción y garantizar la continuidad de la competitividad en áreas industriales particularmente susceptibles y sensibles, como la industria eléctrica, electrónica, automotriz y de componentes. Esto será en beneficio de más de 200 mil micro, pequeñas y medianas empresas, mismas que, por cierto, constituyen el impulsor principal de la economía nacional, ya que siendo alrededor de 4.1 millones contribuyen con 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y son responsables de la creación de 78% de los puestos de trabajo en el país, según el análisis efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Académico de la Universidad del Valle de México, Campus Zapopan
