Por Camilo Pérez-Bustillo
El “crimen de Estado” de Ayotzinapa nos indigna de ambos lados de la frontera, por la densidad y complejidad de sus crueldades multiplicadas, pero también porque persiste en la impunidad, a pesar de sus avances recientes. Sus implicaciones rebasan los límites territoriales de México, y tienen resonancias profundas con las de la “belleza ensangrentada” de Colombia que fue invocada recientemente por el nuevo gobierno de ese país ante la ONU.
El discurso apasionado del presidente Petro incluyó una convocatoria regional de lucha en contra de los flagelos de la llamada “guerra contra las drogas”. Los horrores de la Noche de Iguala están en el corazón de ese mismo laberinto. Casos como el de Ayotzinapa aportan elementos claves del espejo en que tenemos que mirarnos desde México y Colombia, que ha sido roto por la fragmentación de nuestras aspiraciones regionales comunes, y que nos urge reconstruir. Por eso la demanda por la justicia en el caso de Ayotzinapa es también un grito continental.
Las comunidades indígenas y campesinas de origen de los estudiantes de Ayotzinapa son además emblemáticas de los patrones recurrentes de migración forzada que reflejan las depredaciones más salvajes del modelo neoliberal. Es por esto que este caso constituye una de las piezas fundacionales del proceso continental de la Cumbre por la Paz en México. Esto incluye varios foros preparatorios en Estados Unidos y Canadá, y culminará en la Ciudad de México el 23 de febrero de 2023. La voz de Doña Cristina Bautista, que nos honrará con su presencia el próximo 21 de octubre en el tercer foro de la Cumbre por la Paz que se realizará en San Francisco, California, en representación de las madres y los padres de los 43, es uno de los hilos conductores claves de este tejido emergente.
Tanto en México como en Colombia, y a escala regional y mundial, sabemos que la paz que anhelamos como pueblos es imposible mientras persista la violencia estructural y la impunidad que la cobija. Esto es además esencial en cualquier proceso de justicia transicional auténtico que intente responder a crímenes de lesa humanidad como las desapariciones forzadas, o masacres como las de Acteal y San Fernando.
No es suficiente recurrir a posibles chivos expiatorios como Murillo Karam o el General Rodríguez Pérez. Muchas órdenes de aprehensión adicionales siguen pendientes inexplicablemente. Lo más grave es que las declaraciones hechas por los voceros del poder ejecutivo indican que no hay ninguna intención de proceder en contra de los eslabones más claves de responsabilidad en este caso: el expresidente Peña Nieto, el exsecretario de la Defensa Nacional Cienfuegos, el almirante Ojeda, y García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública actual de la Ciudad de México. Los expresidentes Zedillo y Calderón son fichas claves en contextos afines como los casos de Acteal y San Fernando, respectivamente, como el expresidente Álvaro Uribe, por su complicidad con el narcoterrorismo en Colombia.
Este es el mismo muro de la impunidad que han enfrentado procesos de justicia transicional en toda la región, superados por lo menos parcialmente en casos como los de Videla (Argentina), Fujimori (Perú), Ríos Montt (Guatemala), y Pinochet (Chile). El Estado mexicano- y su gobierno actual- tienen la misma responsabilidad de derribar los baluartes del modelo mexicano de terror estatal que sus pares, tanto en el caso de Ayotzinapa como en otros aún pendientes. Esta demanda es integral al proceso de la Cumbre por la Paz que estamos iniciando, y en el que seguiremos insistiendo.
