Por JUAN CARLOS GARCÍA SALAS

Las ingenieras e ingenieros civiles trabajamos para acercar a las personas. Ayudamos a crear vínculos de diferente naturaleza entre comunidades, ciudades y regiones enteras. Contribuimos a proveer de servicios a las personas que viven en las ciudades y en el campo y todo ello por medio de obras civiles.

Hasta hace algunos años la infraestructura se diseñaba, construía y operaba con el objeto de maximizar las potencialidades de desarrollo económico de una región. Bajo ese enfoque, las personas pasaban a un plano posterior ya que las obras construidas, muchas de ellas hechas de manera reactiva, debían permitir su desarrollo y su integración a la “modernidad”, al México urbano.

Ese modelo de desarrollo, basado en el pensamiento económico prevaleciente en el mundo occidental desde 1929, fue eficaz para la construcción y consolidación del México de la postrevolución. En efecto, la construcción de gran parte de la infraestructura crítica, que hoy disponemos fue financiada y construida por las instituciones del Estado Mexicano. Sin embargo, los impactos ambientales fueron profundos al grado tal, de transformar el paisaje y vocación de regiones enteras. Lo que sí es un hecho es que ese activo país, no se construyó de manera improvisada o mediante esfuerzos aislados. Se diseñaron y aplicaron estrategias claras de desarrollo económico, político y social. Cada una de ellas se formuló de manera gradual y se aplicaron de forma articulada desde su inicio.

Gracias a esa visión de Estado, el desarrollo del país descansa en un sistema sumamente complejo de infraestructura crítica: 78 aeropuertos nacionales e internacionales y cerca de 2 mil aeródromos; 103 puertos y 15 terminales habilitadas, 260 mil km de carreteras pavimentadas federales y estatales, caminos rurales, vialidades urbanas y elementos de transición; 3,847 puentes, 184 túneles carreteros, 158 centrales de generación de energía eléctrica, 110 mil km de líneas de transmisión de energía eléctrica, 181 grandes presas; 2 mil km de acueductos principales, 86 distritos de riego con infraestructura hidráulica para irrigar 3.3 millones de hectáreas; 23 mil Km de vías férreas principales y secundarias, patios, laderos y vías particulares, 4,200 pozos productores de petróleo, 6 refinerías, 68 mil km de ductos para el transporte de petróleo, gas y petroquímicos; 250 mil escuelas públicas de nivel básico y media superior que atiende a más de 27 millones de alumnos; 1,400 hospitales con servicios de hospitalización de segundo nivel y alta especialidad.

En la actualidad, las circunstancias políticas, económicas, ambientales y sociales son otras en comparación a aquellas que se tenían en la segunda mitad del Siglo XX. Existen hoy restricciones financieras que impiden alcanzar los niveles de inversión pública que se tenían hasta hace 30 años. Los grandes proyectos son cuestionados por la sociedad, no solo por la que se ve directamente afectada. Las relaciones con el medio ambiente también han cambiado por el agotamiento, contaminación o modificación de los medios naturales. En ese sentido, hoy resulta imposible pensar que la construcción de nueva infraestructura deba, solamente, responder a la maximización de los retornos que pueda generar.

Emerge entonces una gran necesidad de aprovechar al máximo la infraestructura que ya tenemos y esto significa operarla, conservarla y mantenerla eficientemente. Administrar los activos físicos con un enfoque de patrimonio nos debe llevar a transformaciones paradigmáticas en el ejercicio de la profesión, en la formación de las nuevas generaciones de ingenieras e ingenieros civiles y en la forma en que los tomadores de decisiones, privados y gubernamentales, deben ejercer su poder.

Buscar la eficiencia en infraestructura implica apoyarse en las tecnologías de comunicación, en la ciencia de datos, en la inteligencia artificial, en la percepción remota, entre otras. El uso adecuado y extendido de la tecnología permitiría entender de mejor forma, por ejemplo, los procesos de envejecimiento de las obras y evaluar, así, sus ciclos de vida. Permitiría, también, entender las brechas entre la oferta y demanda de los servicios que ofrece tal o cual infraestructura para que de esta forma los diseños sean óptimos. Otro ejemplo de las ventajas del uso de la tecnología consiste en determinar los patrones de consumo de los servicios que las obras proveen, lo que permitiría adecuar o adaptar su operación. También, para evaluar la seguridad y estabilidad de las construcciones.

La ingeniería civil mexicana no debe ni tiene que sustraerse del desarrollo tecnológico, ni de la circunstancia política, económico-financiera mucho menos del pensamiento socio ambiental. Debemos reconocer que las buenas prácticas de ingeniería transitan, no solo por el rigor técnico de nuestros diseños y obras, también por la expectativa de los usuarios finales, por el uso de materiales amigables con baja huella de carbono o por la inclusión de enfoque de género y la de los grupos vulnerables. Los ingenieros civiles organizados de México tenemos la obligación de promover e impulsar esta nueva visión de la profesión y trabajar día a día, entre otras muchas cosas, para que exista una actualización permanente de nuestras competencias, para impulsar la movilidad internacional tanto en lo académico como en lo profesional, para definir los nuevos perfiles de egreso y participar en la adaptación de los planes de estudio que incorporen aquellos aspectos que lleven a una formación integral, moderna y pertinente de cara a nuestra nueva realidad. Asumamos el papel que nos tocó vivir y el liderazgo que se necesita para impulsar el desarrollo de México, tal como lo hicieron los ingenieros civiles que nos precedieron. Nadie más lo hará por nosotros.

Coordinador Adjunto del Comité de Infraestructura

Colegio de Ingenieros Civiles de México.

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