México importa tres cuartas partes (76%) del gas natural que consume, casi todo desde EE. UU. Mientras países como Alemania o Francia tienen reservas para más de diez semanas, las nuestras alcanzarían apenas para unas horas. La fracturación hidráulica –el fracking– es una técnica que inyecta agua, arena y químicos a alta presión para romper formaciones rocosas y liberar el gas que contienen. Durante años fue casi un tabú, pero nuestra vulnerabilidad energética la regresó a la agenda.
La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir la puerta al fracking ha generado reacciones predecibles: celebración entre los sectores productivos, indignación en algunas organizaciones sociales y tensiones en las filas del oficialismo. Sin embargo, este caso ofrece importantes lecciones que vale la pena analizar.
En primer lugar, es un recordatorio de la conveniencia y la necesidad de rectificar. La presidenta se opuso sistemáticamente al fracking durante su campaña y a lo largo de su trayectoria pública. El hecho de que ahora considere la extracción no convencional de gas es una muestra de que la evidencia, cuando se toma en serio, pesa más que las consignas. En política, los principios permanecen, pero los instrumentos se adaptan. Cuando un gobierno está dispuesto a negar la realidad para no contradecir banderas ideológicas, los resultados suelen ser incompetencia e ineficiencia.
Sería conveniente que esa misma disposición existiera en otros frentes. La última vez que el fracking se discutió con seriedad fue en el contexto de la reforma energética de 2013. Su implementación mostró que la participación privada puede acelerar la transición energética y atraer inversiones. Su regresión parcial sigue acumulando pérdidas para nuestro país. La cancelación del NAIM es otro caso en el que los argumentos técnicos fueron simplemente ignorados. En esos y en otros temas, cambiar de opinión es posible y deseable.
En segundo lugar, el planteamiento presidencial ofrece una lección institucional: para analizar la viabilidad de la técnica, la titular del Ejecutivo convocó a un grupo plural de especialistas: científicos, autoridades e investigadores de las mejores universidades públicas; expertos en geología, en recursos hídricos, en geociencias. Es una buena señal: la determinación no se tomará desde la ocurrencia ni desde el cálculo político, sino desde el conocimiento técnico.
Los riesgos ambientales de la fracturación hidráulica están documentados y las comunidades en zonas de extracción tienen argumentos para exigir garantías. Su impacto hídrico sigue siendo objeto de debate. Precisamente por eso, el escrutinio técnico permitirá una deliberación real sobre la base de la evidencia científica. La soberanía energética no se defiende con dogmas, se construye con decisiones bien fundamentadas.
Ese modelo no debería reservarse para los temas “incómodos”; son muchos los asuntos estratégicos —en energía, sí, pero también en salud, seguridad alimentaria, gobernanza tecnológica y otras áreas— que siguen atendiéndose desde criterios ideológicos cuando exigen, ante todo, criterios técnicos. La tentación de gobernar desde la convicción es natural, pero hacerlo contra las evidencias tiene costos que pagamos todas y todos.
La discusión en torno al fracking recupera un estándar de gobierno que había sido abandonado durante ocho años: conocimiento sobre consigna. Bienvenida la decisión presidencial. Ojalá que sea el primer ejemplo de una visión renovada y no sólo una conveniente excepción.
Diputada federal
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