El 19 de abril, un convoy regresaba de desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina en la sierra de Chihuahua cuando un vehículo cayó desde un camino de terracería. Murieron cuatro personas: dos funcionarios mexicanos y dos presuntos agentes de la CIA que no tenían autorización formal para operar en territorio nacional. Uno había ingresado como turista; el otro, con pasaporte diplomático.
Tras varios intentos de explicación y deslinde —tanto del gobierno estatal como del federal— que generaron más confusión, el fiscal estatal renunció. La gobernadora de Chihuahua decidió, con razón, no comparecer ante el Senado, que la había “invitado” a hacerlo. Todo eso es grave y amerita explicaciones puntuales. Sin embargo, el fondo es otro.
El caso de Chihuahua vuelve a iluminar una pregunta que México se niega a responder: ¿cuáles son las reglas de la cooperación en seguridad con Estados Unidos? No parece haber ninguna. Lo que tenemos es una ambigüedad administrada que, cada cierto tiempo, produce ejemplos como este: incidentes que nadie sabe explicar ni quiere asumir, que terminan convertidos en armas de golpeteo político.
El oportunismo que atestiguamos en el Senado —en forma de amenazas de “desafuero”, intercambios de descalificaciones y la pretensión de ir más allá de sus facultades constitucionales— confirmó que el gobierno y sus mayorías prefieren gestionar escándalos que atender el asunto de fondo.
Seamos realistas: Estados Unidos no va a dejar de defender sus intereses nacionales, ni va a ceder en su lucha contra el crimen organizado hemisférico. Lo considera una amenaza interna no sólo por su violencia, sino también por las sustancias que provocan una crisis de salud en su población. Washington tiene los medios, voluntad y hasta incentivos para operar dentro y fuera de su territorio.
La pregunta es si EE. UU. actuará junto con México o a pesar de México. Durante años, ha enviado señales consistentes de que prefiere la primera opción: cooperación institucional, intercambio de información, construcción conjunta de capacidades. Ignorar esas señales desde una retórica nacionalista vacía ha sido demasiado costoso.
En Sovereignty: Organized Hypocrisy (1999), Stephen Krasner distingue entre soberanía westfaliana —la no intervención absoluta, digamos— y soberanía interdependiente, que reconoce las redes de dependencia mutua que hacen imposible, en los hechos, la primera. Los estados que invocan retóricamente la soberanía absoluta mientras toleran violaciones informales terminan con lo peor de los dos mundos: sin los beneficios de la cooperación y sin la protección real que la soberanía garantizaba. Krasner tiene un nombre para eso: hipocresía organizada.
Lamentablemente, es una descripción precisa de lo que México ha practicado en años recientes. La Iniciativa Mérida era imperfecta, pero mientras existió hubo reglas explícitas, coordinación, transferencia de tecnología y mecanismos mínimos de rendición de cuentas. Su desmantelamiento no produjo más autonomía, sino un vacío que no hemos logrado llenar.
Chihuahua era predecible: cuando se elimina un orden sin construir otro, tarde o temprano ocurre algo así.
Por ello, no podemos dejar de insistir. México necesita una política bilateral de seguridad institucional, negociada y transparente. No perfecta, pero honesta en sus alcances y limitaciones. Eso implica tener conversaciones incómodas con Washington, hacer concesiones que ningún gobierno querría anunciar públicamente y construir un acuerdo normativo que en este momento no existe. Exige también asumir que ya hay cooperación informal y decisiones unilaterales; regular es más soberano que pretender que no.
La retórica de la soberanía absoluta puede sostenerse en las conferencias de prensa. Pero no se sostiene en el territorio, donde agentes nacionales ¿e internacionales? están combatiendo al crimen organizado. La soberanía se ejerce, no se declara.
Diputada federal
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