Durante estas décadas, la región avanzó de manera significativa en ampliar oportunidades. Más acceso al sistema financiero, mayor digitalización, nuevos modelos de empleo y una creciente capacidad de escalar soluciones. Sin embargo, ese progreso convive con una realidad persistente: las desigualdades no desaparecen, se transforman.
México refleja con claridad esta tensión.
Hoy, cerca del 29.6% de la población vive en situación de pobreza, con brechas territoriales profundas: mientras algunos estados rondan el 10%, otros superan el 50% (INEGI). Al mismo tiempo, la informalidad laboral alcanza al 54.9% de la población (más de 32 millones de personas), lo que limita el acceso a protección social incluso en un contexto de crecimiento económico impulsado por el nearshoring.
La paradoja es evidente. Por un lado, aumentan las oportunidades: se proyecta la llegada de más de 400 empresas y la generación de hasta 800 mil empleos hacia 2030. Por otro lado, las condiciones estructurales que determinan quién puede realmente aprovechar esas oportunidades siguen siendo desiguales.
Aquí es donde una de las principales lecciones de estos 36 años cobra relevancia: ampliar el acceso es necesario, pero no suficiente. Lo que termina definiendo los resultados es el entorno en el que esas oportunidades existen.
Una mujer puede acceder a financiamiento, y de hecho, el 72.8% de las mujeres en México ya cuenta con al menos un producto financiero, pero si enfrenta una sobrecarga de cuidados, sus posibilidades de crecimiento se ven condicionadas. Hoy, el 67.3% del trabajo de cuidado de personas mayores recae en mujeres, en un sistema donde la cobertura para la primera infancia apenas alcanza al 44% (BID).
De la misma manera, un emprendimiento puede integrarse a nuevas cadenas productivas vinculadas a la relocalización industrial, pero seguir operando en condiciones de informalidad que limitan su sostenibilidad en el tiempo.
El desarrollo, entonces, no es un proceso lineal. Es un sistema complejo donde interactúan acceso, condiciones y capacidades.
Por eso, el desafío hacia adelante no pasa solo por escalar soluciones, sino por integrarlas. Requiere conectar políticas económicas con políticas sociales, fortalecer los sistemas de cuidado, reducir la informalidad y generar entornos que permitan sostener el progreso.
Esta conversación no es solo local. Es regional porque el patrón se repite. En Perú, según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, el acceso al crédito de las mujeres fuera de Lima es casi 9 puntos porcentuales menor que en la capital, una brecha que el crecimiento del sistema financiero no ha logrado cerrar. En toda la región, el trabajo de cuidado no remunerado, que según el PNUD recae en un 74% sobre mujeres, equivale al 21,4% del PIB latinoamericano, pero sigue ausente de los presupuestos y las políticas. Por eso, en 2026, Perú será sede del Foro GLI Latam, un espacio que reunirá a personas clave para repensar cómo canalizar inversiones con enfoque de género y acelerar un desarrollo más inclusivo en América Latina. Este tipo de instancias reflejan un cambio importante: la creciente conciencia de que el capital, por sí solo, no transforma realidades si no está acompañado de condiciones habilitantes.
Después de 36 años de trabajo en más de 28 países de la región, de acompañar a más de 2,8 millones de mujeres en contextos tan distintos como el altiplano boliviano, las zonas periurbanas de México o las comunidades rurales de Nicaragua, hay una certeza que se repite: el desarrollo no se mide solo por las oportunidades que se generan, sino por la capacidad de sostenerlas en el tiempo.
Ahí es donde América Latina y México en particular tienen hoy su mayor desafío.
Y también, su mayor oportunidad.
CEO de Pro Mujer