No deja de sorprenderme la torpeza de las autoridades para comunicarnos hechos que deberían ser relativamente fáciles de explicar, especialmente si, como autoridad, no se tiene responsabilidad directa en ellos.
El lunes 13 de junio se dio a conocer que un comando armado sustrajo 20 contenedores del Puerto de Manzanillo. Docenas de portales de noticias, al igual que periódicos como El País, de España; El Universo, de Ecuador, y El Clarín, de Argentina, se dieron vuelo con la noticia denominando este asalto como “el robo del siglo” o comparando los hechos con la exitosa serie de televisión “La casa de papel”.
¿Y a qué me refiero con torpeza? Veamos la cronología de los hechos entre el lunes y el miércoles de la semana pasada.
Múltiples medios reportaron que, en un robo inédito que duró 10 horas, un grupo armado se llevó oro, plata y artículos electrónicos almacenados en 20 contenedores en el puerto de Manzanillo. Curiosamente, los contenedores fueron robados el domingo 5 de junio, pero no fue sino hasta ocho días después que esto fue revelado en rueda de prensa por el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Joya Cervera.
Posteriormente, Joya Cervera se desdijo de sus afirmaciones iniciales en el sentido de que en los contenedores robados no había metales preciosos, sino que hasta ese momento lo único que se podía confirmar es que los asaltantes se habían llevado aparatos de aire acondicionado, llantas y concentrado de jugo de durazno. El funcionario aseveró que las versiones del robo de oro y plata pudieron haber surgido del hecho de que una de las empresas afectadas se llamaba “Grupo Oro” y de ahí pudo haberse generado “la confusión”.
En relación con el número de contenedores sustraídos, se dijo ahora que sólo está confirmado el robo de 16 y que ya habían recuperado ocho de estos en otro patio de maniobras en Manzanillo. Curiosamente (otra vez) solamente tres empresas afectadas habían presentado su denuncia por seis de los contenedores. Finalmente, el presidente López Obrador dijo que las autoridades presentarían un informe sobre el contenido de los recipientes en los próximos días y negó que el robo afecte la reputación de México en el mundo, ya que los contenedores no estaban en el recinto oficial, sino en unos terrenos particulares en las afueras del área que custodia la Secretaría de Marina.
Han pasado ya dos semanas del afamado robo y esto es todo lo que tenemos. Seguimos con muchas más preguntas que respuestas. ¿Por qué se dieron a conocer los hechos una semana después de haber acontecido el robo?, ¿cuántos contenedores fueron sustraídos finalmente y qué contenía cada uno?, ¿en qué patio se encontraban los contenedores recuperados?, ¿cómo dieron con estos?, ¿estaban vacíos o con su contenido intacto?, ¿qué empresa operaba el patio que recibió los contenedores robados?
Para sustraer todos los contenedores se necesitaron plataformas de carga, choferes de tracto, operadores de grúa… ¿tienen ya algún detenido? En fin, entiendo que debe de existir una investigación y que la confidencialidad de esta es vital, pero no se puede dar una rueda de prensa y decir lo que se dijo para dejar todo volando después.
López Obrador dice que hechos como este no afectan nuestra reputación en el mundo, se equivoca. El contenido, la forma y el momento en que se comunican noticias como esta, pueden ayudar a contener el daño o a empeorar la situación. Diarios nacionales e internacionales dieron a conocer la noticia con bombo y platillo en su momento derivado de lo dicho en aquella conferencia de prensa inicial.
Tristemente, este caso es la representación de cómo operan muchos estados de nuestro país en materia de investigación criminal e impartición de justicia. Esto no es nuevo, son décadas de ineficacia, ineficiencias y negligencia, pero principalmente, de un inapropiado proceso de rendición de cuentas ante la sociedad.
No nos sorprendamos que en distintas geografías los malos vayan ganando la partida.
POSTDATA
Recientemente, la fiscalía de Nueva York dijo que Genaro García Luna lanzó amenazas sistemáticas contra un periodista que lo investigaba. Agregó también que desembolsaba importantes sumas de dinero para que un medio de comunicación no criticara su gestión. Por último, aseguraron contar con varias conversaciones grabadas entre él y un agente infiltrado que se hizo pasar por un preso, en las que amenaza con lastimar a testigos que están dispuestos a declarar en su contra. Su juicio está programado para iniciar en cuatro meses y va a sacar chispas.
Consultor en seguridad y manejo de crisis.
Twitter: @CarlosSeoaneN
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