La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó la semana pasada un Acuerdo general de inicio de emergencia por sequía severa, extrema o excepcional. Según el Monitor de Sequía de México, en 571 municipios del país se registran condiciones sumamente adversas de disponibilidad de agua y el acceso a ella por parte de las poblaciones, aunque en realidad este problema es una prolongación de lo que comenzamos a ver casi desde el inicio del año pasado.
Si bien, el problema se acentúa aún más en el norte del país, el protagonismo mediático se lo ha llevado la crisis de Nuevo León, probablemente por ser Monterrey la ciudad más emblemática de la región en términos económicos, políticos, urbanos y por supuesto, industriales, dando mucho de qué hablar. Contestando a la pregunta que encabeza este artículo, podemos decir que está claro que más que culpas, se trata de responsabilidades.
En primer lugar, debemos empezar por abordar el problema desde una perspectiva que muy pocas veces se menciona por los políticos en turno, tal vez porque sería como darse un tiro en el pie ante su notoria falta de acción, esta es la emergencia climática. El diagnóstico ya lo sabemos, nos lo han reiterado personas científicas y especialistas durante años.
En México, uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, estamos experimentando dos tipos de fenómenos a la vez. Basta con voltear a ver al año pasado que tuvo inundaciones devastadoras en Hidalgo y el Estado de México durante la temporada de lluvias, y que al mismo tiempo fue el inicio de la sequía que hoy sigue azotando a la región norte.
El cambio climático ha sido propiciado por la intensa actividad humana en el planeta, por lo que todas las personas somos corresponsables, aunque en mayor medida lo son quienes toman decisiones políticas y corporativas.
En una crisis hídrica como la que hoy afecta a México, cada vez más personas están cuestionando lo que es más evidente, por ejemplo, ¿por qué las industrias que hacen refrescos, cervezas, y otros productos tienen agua a rebosar, mientras que más personas se ven forzadas a acarrear agua en cubetas desde una pipa? Ese tipo de cuestionamientos han dado pie a que las manifestaciones de inconformidad y descontento de las poblaciones sean cada vez más reiteradas en una clara y legítima búsqueda de justicia social.
Nosotros contestamos con otro cuestionamiento: En un contexto de cambio climático en el que la disponibilidad de agua es cada vez más incierta, ¿es pertinente mantener esquemas de concesiones de agua de 30 años para las industrias cuyos altísimos beneficios económicos son exportados a otros países sin que en México tengamos un pago justo que permita mejorar nuestros sistemas de agua potable? Esto por si pensábamos que la minería es la única forma de extractivismo. Pensamos que la Ley General de Aguas que el Congreso Federal le debe al país desde hace más de 10 años podría ser un buen instrumento para empezar a gestionar un nuevo paradigma de justicia social.
Pasando ahora a lo que no es evidente a simple vista, tenemos también otro aspecto que se les va de largo a los gobiernos al diseñar e implementar políticas de agua, esto es la integración del medio ambiente en la planeación urbana. En el caso de Nuevo León, hace poco se publicó su Plan Maestro para garantizar el agua. Sin embargo, básicamente se acota a comprar e instalar tubos de muchos tamaños, creyendo tal vez que el agua llegará sola.
Recordemos que para que el agua recupere su ciclo alterado por el cambio climático, es necesario preservar y recuperar las zonas de valor ambiental que se han ido reduciendo por el crecimiento urbano. La conservación de bosques, humedales y zonas forestales es fundamental para mitigar el cambio climático, permite que los niveles de temperatura se mantengan estables y no presenten aumentos drásticos que agraven las condiciones de sequía.
Esta integración de la política ambiental con la de gestión del agua es más que necesaria y corresponde en gran medida a los estados y municipios. En este caso, el gobernador Samuel García tiene la posibilidad de pasar a generar compromisos importantes en materia ambiental para su estado. Ojalá que la propuesta se elabore pronto.
Coordinador de Ciudades Sustentables en Greenpeace México
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