El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) presenta la octava edición anual del Índice de Paz México (IPM), reporte que mide y analiza integralmente los factores que fomentan la paz y las violencias en nuestro país. El IPM además, clasifica y da seguimiento al desempeño en materia de seguridad pública de las 32 entidades del país durante el último año.
Sobra decir que 2020 fue un año complejo y atípico. La pandemia de COVID-19 y sus efectos en las dinámicas sociales, económicas y públicas, han tenido también impactos significativos en cada uno de los indicadores evaluados por el IEP.
Durante 2020, la paz en México mejoró 3.5% después de cuatro años de deterioros constantes.
El robo y las agresiones disminuyeron 22% y 13%, respectivamente. Los niveles de actividad de la delincuencia organizada bajaron 3%, las tasas de secuestro y trata de personas cayeron 31%, y las extorsiones se redujeron 7.5%.
Estas mejoras coinciden con las múltiples medidas sanitarias implementadas a nivel nacional, como el cierre temporal de negocios y el confinamiento de la población en sus hogares. En términos generales, los delitos relacionados con la movilidad de la población se redujeron significativamente a partir de marzo de 2020.
La tasa de homicidios disminuyó en 2020 por primera vez en seis años, cayendo 1.3% y ubicándose en 27.8 muertes por cada 100 mil habitantes. A pesar de esta mejora, México registra la novena tasa de homicidios más alta del mundo, la cual casi se ha duplicado desde 2015.
Estas reducciones en las cifras delictivas confirman un cambio positivo de tendencia que comenzó desde mediados de 2019 y que se aceleró durante el confinamiento. Sin embargo, aún no es claro si esta tendencia favorable se mantendrá con la reanudación de actividades post-COVID.
Lo que sí resulta claro es que la crisis de violencia que vive nuestro país es compleja y sistémica. Lo cual implica que sus causas son múltiples, y que las estrategias que nos acerquen a la paz deben ser integrales, colaborativas entre sectores, y multidimensionales.
Como muestra de lo anterior, durante 2020 observamos cómo mientras algunas violencias mejoraron, otras mantuvieron sus niveles o incluso empeoraron. Tal es el caso de la violencia familiar y la violencia sexual , las cuales aumentaron 4% y 1% en el último año, pero sobre todo han crecido 64% y 60% desde 2015. Sabemos que estas violencias afectan principalmente a mujeres y niñas, y que la gran mayoría de los perpetradores son hombres.
Por eso no sorprende que, durante 2020, las manifestaciones públicas denunciando la violencia de género aumentaran 76% en el país. En este sentido, resulta impostergable la atención de las causas estructurales y culturales de las violencias contra las mujeres, lo cual implica revisar críticamente a los sistemas económicos, familiares, de seguridad y de justicia, así como la forma en que los hombres vivimos y asumimos nuestra masculinidad.
Persistente también ha sido la violencia contra la clase política: tan solo entre septiembre de 2020 y marzo de 2021 fueron asesinados 139 candidatos, políticos y funcionarios públicos. Esto sólo confirma lo que ya sabíamos: que conforme se acercan los procesos electorales, la vulnerabilidad de los actores políticos aumenta. Sobre todo a nivel municipal, en estados con fuerte presencia de delincuencia organizada, y hacia miembros de partidos opositores a los partidos que gobiernan actualmente en cada región.
Para completar este espectro de violencias diversas, aunque no necesariamente desconectadas, cabe destacar la creciente violencia contra periodistas en nuestro país, que en 2020 cobró la vida de al menos 8 personas por motivos relacionados con su labor profesional.
En los últimos años, México ha sido clasificado como uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Si bien es cierto que otros gremios profesionales también son víctimas de la violencia, destaca la labor de los medios de comunicación puesto que representan contrapesos naturales hacia grupos de poder público y privado. Por tanto, garantizar la libertad de prensa y la integridad de las y los periodistas, resulta clave para proteger la libertad de expresión, dar voz a la opinión pública y construir la paz.
La complejidad a la que se refiere el título de este texto implica trascender el paradigma de la seguridad pública como sinónimo de la paz, pues como hemos visto a lo largo de 15 años, poco se logra concentrando los esfuerzos solamente en contener los síntomas e ignorando las causas primarias de las violencias.
El Instituto para la Economía y la Paz promueve un enfoque integral hacia la paz que reconoce la necesidad de transformar actitudes, fortalecer instituciones, y reducir desigualdades para favorecer el óptimo desarrollo humano. En el caso de México, este enfoque requiere indispensablemente reducir los niveles de corrupción y mejorar la calidad de los gobiernos, elementos fundamentales para recuperar la confianza entre ciudadanos y autoridades, y fomentar la colaboración intersectorial y la participación ciudadana.
Aunque lo anterior parecería imposible dada la fragmentación y encono social actual, en realidad, la experiencia nacional e internacional confirma que es el único camino transitable: una ética de diálogo que fomente la comprensión mutua y que, al trascender las diferencias, permita la construcción de agendas colectivas, incluyentes y de largo plazo.
El reporte completo puede ser consultado en www.indicedepazmexico.org y www.economicsandpeace.org.
Director en México del Institute for Economics and Peace.
Twitter: @cjuarezcruz
@IndicedePaz
