Una de las etapas más significativas de los procesos electorales son las campañas políticas en las que candidaturas, partidos políticos y coaliciones buscan ganar la simpatía de la ciudadanía con el objetivo de que voten por ellas el día de la jornada electoral.
Estos actores políticos reciben financiamiento que, de acuerdo con la legislación electoral, el Instituto Nacional Electoral (INE) es la única autoridad que tiene la atribución, a partir de la reforma constitucional político-electoral de 2014 de revisar el origen, los montos, destino y aplicación de dichos recursos de las elecciones federales y locales con el objetivo de comprobar que provengan de fuentes lícitas y se apliquen de manera correcta, y con ello, evitar violaciones a la normativa electoral.
El actual modelo de fiscalización ha quedado rebasado y es hasta obsoleto en algunos aspectos respecto a la inercia y componentes que se han ido actualizando en el desarrollo de las campañas electorales.
La fiscalización electoral busca garantizar la equidad e integridad de las elecciones, pero no puede completarse sin un adecuado marco jurídico.
Desde hace tiempo propuse tanto en un nuevo Reglamento de Fiscalización del INE como en la propuesta de reforma electoral, que la IA sería fundamental para eficientar y profundizar los trabajos de fiscalización, identificar el lavado de dinero en las campañas, la triangulación de recursos, empresas fachadas, así como la injerencia del crimen organizado.
En este contexto, en días pasados Idea Internacional publicó un informe: “Aprovechar la Inteligencia Artificial para Mejorar la Supervisión de las Finanzas Públicas”. Este documento resalta la forma en que podría ser utilizada la Inteligencia Artificial (IA) por las autoridades electorales para regular y analizar de forma más efectiva el financiamiento que es utilizado por diversos actores políticos.
El informe refiere que si las autoridades electorales no cuentan con todos los elementos para una adecuada fiscalización pueden generar espacios a la corrupción y, consecuentemente a la desconfianza de la ciudadanía. Así la IA puede generar beneficios tales como la automatización de tareas y el procesamiento de múltiples datos permitiendo un análisis exhaustivo sobre el origen y destino de los recursos.
La IA mejora la eficiencia, ya que fortalece la capacidad de monitorear actividades, movimientos e inconsistencias; permite generar alertas sobre movimientos sospechosos, entre otros.
El informe refiere estudios de casos de países que están ya explorando el uso de la IA. En Reino Unido su uso se encuentra en una fase de experimentación dirigida principalmente a automatizar y procesar facturas, detectar incumplimientos que le ayuden a la autoridad electoral a advertir posibles violaciones a la normativa electoral.
En Lituania la IA usa herramientas algorítmicas, por ejemplo, para la presentación de informes financieros de partidos políticos.
El informe también refiere al caso mexicano destacando la generación de diversos sistemas informáticos que robustecen el análisis fiscalizador del INE. Sin embargo, el informe señala las barreras que enfrentan las autoridades electorales para adoptar la IA: falta de recursos, voluntad política, desconfianza, entre otros.
Ojalá y estos informes sienten las bases para lograr una mejor y más eficiente fiscalización bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas.
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