Algo parece haber cambiado en la actitud de la presidenta Claudia Sheinbaum frente a las críticas. Al inicio de su gobierno respondía con mayor consistencia a los cuestionamientos, pero hoy muchas de sus declaraciones parecen instalarse en una lógica donde la realidad termina contradiciendo al discurso.
Un ejemplo es la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso el año pasado. La Presidenta sostiene que los lineamientos que estaban pendientes tras su entrada en vigor, y que buscan fijarse ahora mediante una consulta pública, no buscan censurar ni limitar la libertad de expresión, sino proteger los derechos de las audiencias. Sin embargo, diversos especialistas, organizaciones civiles y representantes de medios han advertido que la nueva configuración de esta ley podría abrir la puerta a mecanismos de control sobre los contenidos informativos y de opinión.
Paradójicamente, pocos espacios son tan plurales como los medios de comunicación. Todos los días reciben a ciudadanos que denuncian corrupción, violencia, abusos de autoridad, desapariciones, extorsiones o cualquier otra violación a sus derechos. Ahí encuentran la atención que muchas veces no hallan en las instituciones públicas. Además, la enorme mayoría de los medios cuenta con códigos de ética, y los periodistas tenemos —y respetamos— la obligación profesional de verificar la información, contrastar fuentes y ofrecer el derecho de réplica cuando corresponde y a quien corresponda. Eso no significa que no existan errores, pero sí que existen reglas y responsabilidades.
Un escenario similar a este es el polémico registro nacional de usuarios de telefonía. La Presidenta afirma que no servirá para espiar ni perseguir a ciudadanos u opositores, sin embargo, especialistas en privacidad y ciberseguridad han advertido sobre los riesgos que implica, no solo concentrar datos personales en una sola base —algo que poseen las telefónicas desde hace años—, sino que el gobierno pueda tener acceso a ellos con mayor facilidad que antes, sobre todo en un país donde registros oficiales han sido vulnerados en el pasado, incluidos los de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional Electoral y varias instituciones más, aunque los miércoles busquen afirmar lo contrario al cierre de las mañaneras en Palacio Nacional.
También está el caso del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. La Presidenta insiste en que no se trata de una persecución política y que hay suficientes pruebas en su contra para justificar su investigación por delincuencia organizada y contrabando de combustible. Esa es la postura oficial, pero el contexto alimenta las dudas de sus simpatizantes y de parte de la oposición. Y es que mientras Ruffo —quien además es miembro del Consejo Consultivo del nuevo partido Somos México— enfrenta un proceso privado de la libertad, otros personajes señalados públicamente por presuntas irregularidades continúan en sus cargos; sin enfrentar consecuencias judiciales e incluso cobrando todavía del erario. Entre ellos destacan el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador morenista, Adán Augusto López; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; así como otros integrantes —y exintegrantes— de Morena.
La distancia entre el discurso oficial y los hechos cada vez es mayor, y con ello la “verdad” se convierte en un arma de manipulación que erosiona a la democracia y las instituciones. Deja de ser un punto de encuentro colectivo y se convierte en un ejercicio unilateral de poder.
Esa verdad no debe imponerse desde una conferencia de prensa, debe construirse con congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace.
@azucenau