La censura rara vez se presenta como tal. Nadie anuncia: “A partir de hoy queda prohibido criticar al gobierno”. Es más complejo que eso, pues se justifica hablando de combatir la calumnia, proteger derechos de autor, evitar el acoso digital, defender la imagen de las personas o impedir la “desinformación”. Objetivos perfectamente legítimos. El problema comienza cuando las leyes creadas para alcanzarlos terminan otorgándole al poder en turno la facultad de decidir qué se puede decir, qué debe desaparecer y cómo se debe sancionar.

En estos días los legisladores del partido oficialista y sus aliados pretenden aprobar dos leyes. Una avanza en la Cámara de Diputados, la llamada ya “Ley Antimemes”, pues propone responsabilizar a proveedores de internet frente a infracciones reiteradas de sus usuarios y puede alcanzar contenidos que utilicen fotografías, videos, ilustraciones u obras protegidas, dejando abierta la puerta a la interpretación para evitar el uso de imágenes de gobiernos en ejercicios de crítica política como sátiras, caricaturas, cartones y sí, memes y otras expresiones, incluso ciudadanas, que se usan en redes sociales. La otra se discute en el Senado y modifica la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal que busca castigar determinados usos de la identidad gráfica y documentos oficiales

Desde luego que ninguna dice expresamente “se prohíben los memes”, pero ambas dejan al Estado la posibilidad de castigar, incluso con cárcel, a quienes consideran críticos del poder sean periodistas, creadores de contenido e incluso ciudadanos, utilizando los argumentos legítimos como proteger derechos de autor o evitar fraudes y con ello terminar inhibiendo la sátira, la parodia, la caricatura y, finalmente, la crítica al poder.

Y mientras esto ocurre en México, Estados Unidos ofrece un espejo interesante.

El presidente de ese país, Donald Trump, prohibió recientemente el acceso a la Casa Blanca a los medios CNN, MS NOW y Politico, acusándolos de difundir noticias falsas en su contra. Los medios respondieron demandando a su administración y argumentando que fueron castigados por sus contenidos. En solidaridad, otros medios —incluso Fox News, cadena conocida por su apoyo al republicano— suspendieron las coberturas presidenciales.

La diferencia entre ellos y nosotros está en los contrapesos, pues allá si los medios demandan, entonces los jueces intervienen; no para castigar a la víctima y ponerse del lado del poderoso, sino para revisar y hacer su trabajo: emitir una sentencia apegada a la ley. Algo que acá suena imposible ante los jueces del acordeón.

La libertad de expresión se pone a prueba cuando el poder se siente incómodo, pero los poderosos de hoy pueden ser los derrotados de mañana y terminar siendo los silenciados.

Aquí para todos el resultado suma cero.

@azucenau

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

TEMAS RELACIONADOS