Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, pidió ayuda. Lo hizo públicamente, una y otra vez. Por la vía formal y mediática. Advirtió sobre las amenazas, denunció la violencia que rodeaba su gestión y solicitó mayor respaldo de las fuerzas federales. Después de su asesinato en noviembre pasado, comenzó el debate sobre si contaba o no con protección suficiente. Las autoridades sostuvieron que sí, pero sus colaboradores, simpatizantes y familiares cuestionaron si esas medidas realmente correspondían al nivel de riesgo que enfrentaba, ya que, como ahora sabemos, algunos de los 24 detenidos por el caso formaban parte de su círculo más cercano. Como suele ocurrir en México, la discusión y las acciones de prevención llegaron después de la tragedia.
Hoy, ese antecedente vuelve a la memoria de forma inminente ante el caso de la diputada sinaloense Paola Gárate.
La legisladora fue secuestrada un día antes de la elección de 2021. Fue encañonada en distintos episodios de violencia y, más recientemente, encontró una corona fúnebre frente a su domicilio, dirigida a toda su familia. El riesgo y las alarmas son obvios, y obvio debería ser también que la autoridad tome el asunto con absoluta seriedad y actúe en consecuencia. Pero no.
Gárate ha solicitado protección adicional. La respuesta oficial ha sido que se realizaron los protocolos correspondientes y que cuenta con las medidas consideradas necesarias. Según se ha informado, el apoyo se limita principalmente al acompañamiento durante actividades oficiales, como si el riesgo solo existiera cuando se dirige al Congreso, y no cuando llega a su casa, se reúne con su familia o realiza sus actividades cotidianas. No conforme con ello, han filtrado información que presuntamente la relaciona con el crimen organizado, con la burda intención de descalificarla. Cierto o no, la autoridad está incumpliendo con su responsabilidad.
Mucho antes de Carlos Manzo estuvo Marisela Escobedo. Una madre que durante años denunció amenazas mientras exigía justicia por el feminicidio en 2008 de su hija, Rubí Marisol Frayre —de apenas 16 años—, a manos de su pareja, Sergio Rafael Barraza. Esto en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tras el crimen recorrió oficinas gubernamentales, protestó públicamente y pidió la actuación de las autoridades, pero la tragedia llegó antes que la respuesta. El 16 de diciembre de 2010 fue asesinada frente al Palacio de Gobierno del estado mientras realizaba una manifestación pacífica. Después vinieron las condenas, las investigaciones y las explicaciones. Demasiado tarde.
Estos son solo dos de decenas —muy probablemente cientos— de casos similares: periodistas asesinados tras denunciar amenazas, madres buscadoras que alertaron sobre riesgos antes de ser atacadas, activistas que pidieron ayuda y funcionarios públicos que reportaron intimidaciones forman parte de una larga lista de tragedias anunciadas, mismas que fueron propiciadas por omisiones y equivocaciones de quienes deberían garantizar la paz. ¿Cuántas más aguanta su conciencia?
El país está lleno de epitafios escritos con advertencias ignoradas. La pregunta es cuántos más estamos dispuestos a leer.
@azucenau
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