Por Juan L. Kaye López
La publicación del Plan Nacional de Vivienda 2026-2030, realizada el pasado 14 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, representa uno de los movimientos más importantes en materia habitacional y urbana de los últimos años en México. Más allá de las metas numéricas, el documento busca replantear la política de vivienda bajo una visión más vinculada al derecho a la ciudad y no únicamente a la producción masiva de casas.
Durante décadas, México construyó millones de viviendas alejadas de los centros urbanos, sin transporte eficiente, equipamiento ni servicios suficientes. El resultado fue conocido: ciudades fragmentadas, largos tiempos de traslado, abandono masivo de vivienda y una creciente desigualdad territorial.
El nuevo Plan intenta corregir parte de ese modelo. Entre sus principales metas destacan la construcción de 1.5 millones de viviendas nuevas, la rehabilitación de 500 mil viviendas deterioradas y la ampliación del acceso al financiamiento, incluyendo a trabajadores informales.
Uno de los elementos más relevantes es que el programa reconoce la necesidad de integrar vivienda con transporte público, escuelas, servicios de salud e infraestructura urbana, buscando evitar la repetición de desarrollos aislados que marcaron negativamente buena parte de la política habitacional del país.
Sin embargo, el verdadero reto no será únicamente construir viviendas, sino construir ciudad.
México enfrenta un déficit habitacional acumulado de millones de viviendas, pero también una profunda crisis de planeación urbana. Una vivienda desconectada del empleo, del transporte y del espacio público puede terminar reproduciendo pobreza urbana, incluso cuando formalmente reduce el déficit habitacional.
El Plan también incorpora criterios de sustentabilidad y eficiencia energética, planteando que al menos el 30% de las nuevas viviendas deberán cumplir estándares ambientales y de ahorro energético. Esto resulta especialmente relevante frente a los impactos del cambio climático, la crisis hídrica y las crecientes presiones ambientales que enfrentan las ciudades mexicanas.
El éxito del programa dependerá de factores mucho más complejos que las metas anunciadas. La coordinación entre Federación, estados y municipios será determinante, particularmente en un contexto donde muchos gobiernos locales siguen careciendo de instrumentos actualizados de planeación urbana y gestión del suelo.
También será fundamental garantizar transparencia y supervisión para evitar que la vivienda vuelva a convertirse en un simple negocio inmobiliario desvinculado de la calidad urbana y el bienestar social.
Porque la experiencia internacional demuestra que el éxito de una política habitacional no debe medirse únicamente por el número de casas construidas, sino por la capacidad de generar comunidades seguras, conectadas, caminables y socialmente integradas.
México tiene hoy una oportunidad histórica para corregir errores que todavía seguimos pagando. Pero si nuevamente se privilegia la lógica cuantitativa de producir vivienda sin ciudad, el país podría repetir un modelo urbano que ya demostró ser insostenible.
Porque el verdadero derecho a la vivienda comienza cuando también existe derecho a la ciudad.
Es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas
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