Por Juan L. Kaye López
La publicación del Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030 (PNOTDU), realizada el pasado 21 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación, representa uno de los intentos más ambiciosos de los últimos años por replantear la manera en que México organiza, ocupa y transforma su territorio.
No se trata únicamente de un nuevo instrumento administrativo o de un documento técnico más. En el fondo, el programa busca redefinir la relación entre crecimiento urbano, medio ambiente, vivienda, movilidad e infraestructura bajo una visión integral del territorio nacional.
Y precisamente por ello, como suele ocurrir con toda política territorial de gran alcance, su publicación también despierta resistencias.
Cada vez que el Estado intenta construir reglas sobre el uso del suelo, ordenar asentamientos humanos o limitar dinámicas especulativas, emergen tensiones entre intereses públicos y privados, entre visiones comunitarias y modelos de desarrollo, entre derechos colectivos y presiones económicas. Ejidos, comunidades agrarias, propietarios, desarrolladores, gobiernos locales y diversos actores perciben —con razón o sin ella— posibles afectaciones a sus intereses.
Sin embargo, el verdadero problema no ha sido el exceso de planeación en México, sino precisamente su ausencia, fragmentación o débil aplicación.
Durante décadas, el país permitió un crecimiento urbano acelerado y desarticulado que generó enormes costos sociales, ambientales y económicos: expansión periférica descontrolada, pérdida de suelo de conservación, fragmentación metropolitana, infraestructura insuficiente, crisis hídrica, deterioro ambiental y profundización de desigualdades territoriales.
Hoy, cerca del 79% de la población mexicana vive en zonas urbanas y metropolitanas, muchas de ellas caracterizadas por altos niveles de contaminación, movilidad insegura y enormes déficits de infraestructura y servicios. Al mismo tiempo, más de la mitad del territorio nacional continúa siendo predominantemente rural, concentrando importantes condiciones de rezago social y falta de conectividad.
El nuevo programa reconoce precisamente esa complejidad territorial.
Uno de sus aspectos más relevantes es que plantea entender el territorio como un bien común y no únicamente como un activo económico. Bajo esta lógica, el suelo deja de verse exclusivamente como mercancía para asumirse como soporte de derechos fundamentales: vivienda, movilidad, acceso al agua, medio ambiente sano y calidad de vida.
El documento también incorpora una visión “socioecológica”, buscando articular lo urbano, lo rural y lo ambiental bajo una perspectiva integral de desarrollo. Esto resulta particularmente relevante en un país donde las fronteras entre ciudad y campo se han vuelto cada vez más difusas, mientras los impactos del cambio climático comienzan a presionar severamente a las regiones metropolitanas y rurales.
Entre sus principales ejes estratégicos destacan la promoción de vivienda digna y accesible, el fortalecimiento del transporte público y la movilidad sustentable, la construcción de infraestructura resiliente, la coordinación metropolitana y la protección ambiental mediante corredores verdes y conservación de recursos hídricos.
Especial atención merece el tema metropolitano.
México continúa enfrentando enormes vacíos institucionales en materia de gobernanza metropolitana. Las ciudades crecen más rápido que sus mecanismos de coordinación. Municipios conurbados toman decisiones aisladas sobre uso de suelo, movilidad, densidades e infraestructura, aun cuando los problemas urbanos ya rebasaron hace tiempo los límites político-administrativos.
El PNOTDU reconoce esa realidad y propone fortalecer organismos metropolitanos y mejorar la coordinación entre Federación, estados y municipios. No obstante, el desafío será convertir esos principios en mecanismos realmente vinculantes y operativos.
Otro componente estratégico es el desarrollo de sistemas abiertos y verificables de información territorial. En un país donde históricamente han existido rezagos en catastros, registros territoriales y sistemas de información urbana, la disponibilidad de datos confiables será indispensable para tomar mejores decisiones sobre crecimiento urbano, infraestructura y gestión del suelo. No obstante, ningún programa territorial será exitoso si no existe voluntad política para aplicarlo.
México posee desde hace años diagnósticos claros sobre sus problemas urbanos. Lo que históricamente ha faltado es capacidad institucional, continuidad administrativa y decisión política para enfrentar intereses que muchas veces se benefician precisamente del desorden territorial.
El Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2026-2030 abre una oportunidad importante para transitar hacia un modelo más equilibrado, sustentable y justo. Ahora, el verdadero reto apenas comienza: pasar del documento a la implementación real del territorio.
Es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas
contacto@amu.org.mx
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