Por José R. Xilotl Soberón
Uno de los mayores desafíos que enfrentan los municipios mexicanos no es únicamente gobernar sus ciudades, sino encontrar los recursos necesarios para hacerlo.
Los ayuntamientos son responsables de una larga lista de servicios esenciales: agua potable, drenaje, alumbrado público, mantenimiento de vialidades, parques, mercados, panteones, seguridad vial y numerosos servicios que impactan directamente la calidad de vida de la población. Sin embargo, paradójicamente, también son el orden de gobierno que dispone de menos herramientas para generar ingresos propios.
Durante décadas, los municipios han dependido en gran medida de las participaciones federales y estatales, mientras enfrentan dificultades para fortalecer fuentes tradicionales de financiamiento como el impuesto predial, las contribuciones de mejora o los mecanismos de captura de plusvalías urbanas. El resultado es una constante presión presupuestal que obliga a muchos gobiernos locales a buscar nuevas formas de recaudar recursos.
En ese contexto, las multas de tránsito y otras sanciones administrativas han adquirido una relevancia creciente.
Nadie discute la necesidad de contar con reglamentos de tránsito eficaces ni con mecanismos que sancionen conductas que ponen en riesgo la seguridad de las personas. Una ciudad sin reglas es una ciudad más peligrosa. Sin embargo, existe una diferencia fundamental entre utilizar las multas como instrumentos de orden público y convertirlas en una fuente estructural de financiamiento gubernamental.
La pregunta es sencilla pero profunda: ¿qué ocurre cuando el equilibrio financiero de una ciudad depende de que sus habitantes cometan infracciones?
En ese momento aparece un conflicto de interés institucional que merece atención. La función principal de una multa es corregir conductas y promover el cumplimiento de la norma. Si el éxito de una política pública se mide por el monto recaudado, existe el riesgo de que el incentivo gubernamental deje de ser la prevención y comience a orientarse hacia la recaudación.
“Una multa debe corregir una conducta; nunca convertirse en una meta de recaudación.”
Las experiencias internacionales muestran que los modelos de financiamiento excesivamente apoyados en sanciones pueden deteriorar la confianza entre autoridades y ciudadanía. Cuando las personas perciben que las multas existen principalmente para recaudar recursos y no para mejorar la seguridad vial o el orden público, la legitimidad institucional comienza a erosionarse.
El verdadero debate no consiste en eliminar las multas. Consiste en evitar que los gobiernos se vuelvan dependientes de ellas.
Las ciudades financieramente sanas son aquellas que logran sostener sus presupuestos mediante sistemas fiscales sólidos, catastros actualizados, cobro eficiente del impuesto predial, mecanismos de recuperación de plusvalías, derechos por servicios urbanos y una adecuada coordinación fiscal entre órdenes de gobierno.
Conclusiones
México necesita fortalecer las finanzas municipales, pero debe hacerlo mediante instrumentos que generen valor urbano y no mediante mecanismos que puedan deteriorar la relación entre autoridades y ciudadanía.
El desafío de fondo no es cuánto se recauda mediante multas, sino construir municipios capaces de financiar su desarrollo con bases fiscales modernas, transparentes y sostenibles.
Porque cuando una ciudad depende de las infracciones para financiarse, el problema ya no es de tránsito… Es un problema de gobernanza.
José R. Xilotl Soberón es Urbanista de la UNAM y cuenta con un MSc de la Universidad Ben Gurion. Miembro de la AMU desde 2015. jxilotl@gmail.com
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