Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, y cuyo vigesimosegundo aniversario se observó el lunes, no solo marcan un parteaguas en el sistema internacional contemporáneo y el fin del optimismo panglosiano que caracterizó la década posterior al fin de la Guerra Fría. Representan un momento de inflexión fundamental en la relación en materia de seguridad e intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y México (y Canadá de paso), e impusieron la visión de la seguridad integral regional como un paradigma esencial de nuestra vecindad y asociación comercial. Desde aquel momento, la prosperidad compartida y la seguridad compartida en Norteamérica han estado completamente entreveradas y se han vuelto interdependientes. Para México en particular, obligó sobre todo a un episodio de maduración exprés en estos temas, en el contexto de la siempre asimétrica, compleja y frágil relación con su vecino y socio comercial. Desde entonces, hemos jugado un papel discreto pero esencial y constante en asegurar que nuestro territorio no sea usado por grupos terroristas para minar o atentar en contra de la seguridad nacional estadounidense.
Por ello lo que trascendió públicamente en los medios de EE.UU a fines de agosto ha disparado alarmas y despertado preocupación en Washington y debiera consternar a Ciudad de México. Resulta que las agencias federales de inteligencia y procuración de justicia estadounidenses pulsaron sus focos rojos internos a principios de este año, después de que se descubriera que un grupo de solicitantes de asilo provenientes de Uzbekistán -que ya habían sido liberados de la custodia migratoria del Departamento de Seguridad Interna (DHS) una vez sometidos a los respectivos procesos de control y registro, en espera de las fechas para aparecer ante los tribunales de inmigración- llegó a la frontera con México mediante los oficios de una red de contrabando, con sede en Turquía, controlada por una persona con potenciales “vínculos distantes” o simpatías por el grupo terrorista yihadista ISIS. Este caso fue incluso notificado al Presidente Biden en el informe diario de inteligencia clasificada que recibe a primera hora de la mañana todo mandatario estadounidense. No se presume que los refugiados y migrantes uzbekos, que huyen de una dictadura con un historial de violaciones en materia de derechos humanos, tengan vínculos terroristas. Pero según algunos medios estadounidenses, el FBI está tratando de localizar a 15 de los aproximadamente 120 inmigrantes uzbekos que se entregaron a las autoridades migratorias del país a través de Puertos de Cruce Fronterizo. La agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) procesó a 3,200 uzbekos en las fronteras de Estados Unidos en el año fiscal 2022, comparado a menos de 700 en 2021.
Para poner todo esto en contexto, de 1.9 millones de migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México durante los primeros 10 meses del año fiscal 2023, 98 de ellos estaban incluidos en el conjunto de datos de detección de terroristas, presuntos terroristas o “personas de interés” de las listas de vigilancia del gobierno estadounidense. Los cambios en patrones migratorios globales hacia la frontera entre México y EE.UU, como los que hemos estado atestiguando en los últimos cuatro años, pueden contribuir a aumentos repentinos en los números de personas en las listas de vigilancia, lo cual no necesariamente equivale a un incremento a las potenciales amenazas a la seguridad nacional y a los esfuerzos de cooperación e intercambio de inteligencia que desde 2001 México y EE.UU hemos instrumentado para prevenirlo. Por ejemplo, un incremento en el número de sirios que llegan a la frontera podría derivar en un aumento de los encuentros en la lista de vigilancia si dichos migrantes o refugiados tienen conexiones con el gobierno o el ejército sirios, dado que Siria brinda apoyo a varios grupos terroristas y es posible que muchas personas en la lista de vigilancia terrorista no presenten amenazas reales. Y si bien las nacionalidades de estas personas están clasificadas, se sabe que en 2022 la mayoría fueron ciudadanos colombianos. Es posible que éstos pertenecían a dos grupos armados colombianos que
habían estado en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado y que han sido disueltos (las AUC, en 2006, y las FARC, en 2017), y cuyos miembros desmovilizados todavía podrían estar en la lista de vigilancia de EE.UU. Pero DHS no publica información sobre los países de origen de los encuentros en la lista de vigilancia o lo que sucedió después de que los agentes los detuvieran. Los informes públicos son poco claros y muchas personas confunden y mezclan a un terrorista conocido o sospechoso en la lista de vigilancia de terroristas (KST por su acrónimo en inglés), con un presunto terrorista o extranjero de interés especial (SIA), una categoría distinta que denota potenciales vínculos o simpatías con grupos terroristas. Según DHS, un terrorista como tal es “un individuo que ha sido: a) arrestado, acusado o condenado por un delito relacionado con el terrorismo y/o actividades terroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos o autoridades gubernamentales extranjeras; o b) identificado como terrorista o miembro de una organización terrorista de conformidad con un estatuto, Orden Ejecutiva u obligación legal internacional de conformidad con una Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. Un presunto terrorista para DHS “es un individuo del que se sospecha razonablemente que está participando, ha participado o tiene la intención de participar en una conducta que constituye, prepara, ayuda o está relacionada con el terrorismo y/o actividades terroristas.” Existe cierta transposición entre esos términos, ya que un individuo puede ser un KST y un SIA, pero eso no significa que todos los SIA sean KST o que incluso estén en una lista de vigilancia. Para hacerlo más confuso, los KST están en la lista de vigilancia, pero no todos en la lista de vigilancia son KST. Y la realidad es que desde octubre de 2020, solo cuatro personas han sido detenidas a lo largo de la frontera con México cuyos nombres coincidían con los de personas en la base de datos de la lista de vigilancia de terrorismo (KST).
No obstante, de la mano con el vertiginoso aumento en los flujos migratorios, estamos atestiguando un aumento relevante en el número de personas en esas listas de personas detenidas en la frontera con México con respecto a años anteriores: en 2021 fueron 16, mientras que en 2020 y 2019 habían sido tres. Y si bien ninguna persona ha sido asesinada o herida en suelo estadounidense después de 2001 por terroristas que cruzaran ilegalmente la frontera con nuestro país, ni EE.UU y mucho menos México podemos bajar la guardia. Primero, porque la arquitectura de integración y facilitación comercial y económica con nuestro vecino construida a partir del TLCAN y ahora el TMEC, y la promesa potencial de la relocalización de plataformas de producción conjunta y cadenas de suministro integradas se colapsarían como un castillo de naipes se si llega a dar un atentado terrorista -o un intento de atentado- en suelo estadounidense a manos de alguien que hubiese cruzado desde territorio mexicano. Segundo, porque con un Partido Republicano inmerso en los paroxismos de la xenofobia y el alcahueteo político-electoral de la frontera postulando que la principal amenaza a la seguridad nacional estadounidense -y el verdadero flanco de vulnerabilidad de la nación- es México, nuestro país debe mantener incólumes sus esfuerzos de vigilancia e intercambio de inteligencia con sus contrapartes estadounidenses. Tercero, porque son precisamente las políticas públicas y decisiones del Presidente López Obrador las que han resultado en algunas de las mayores vulnerabilidades y errores del actual gobierno y que impactan este tema, a decir, el menoscabo y la demolición de la cooperación bilateral que existía en materia de seguridad e inteligencia con Washington, la evisceración burocrática y presupuestal del sistema de seguridad nacional mexicano, la presencia creciente en nuestro país de activos de inteligencia de naciones rivales de EE.UU, y la ausencia de una política migratoria integral mexicana.
La divulgación de la información sobre el incidente con los uzbekos desató una serie de reuniones urgentes entre altos funcionarios de seguridad nacional y de la administración en un momento en que el GOP busca capitalizar el incidente para sacarlo de contexto y continuar con su incesante golpeteo a Biden por la seguridad de la frontera sur de cara a la campaña de 2024, y soltó otra
andanada de cuestionamientos hacia las capacidades, compromisos e intenciones de México en oficinas legislativas Republicanas en el Congreso de EE.UU. Confrontar y prevenir el terrorismo es un tema delicado y serio. Y hay que hacerlo sin aspavientos y sin sobredimensionar y exagerar el reto. Pero para México, en virtud de sus intereses nacionales y de la realidad inescapable (claro está, a menos de que oprimamos las teclas Control Alt Delete y mágicamente borremos a EE.UU de nuestra frontera norte) de contar con extensas -y porosas- fronteras terrestres al sur y al norte, este incidente reciente obliga a ponernos perentoriamente las pilas antes de que sea demasiado -y trágicamente- tarde.
