Por Larry Rubin
Durante más de tres décadas, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte primero y el T-MEC después, transformaron a Norteamérica en una de las regiones económicas más competitivas del mundo, multiplicando el comercio, fortaleciendo las cadenas de suministro y generando millones de empleos.
Hoy, sin embargo, enfrentamos una nueva realidad. La competitividad de la región ya no depende únicamente de la apertura comercial. Depende también de nuestra capacidad para garantizar seguridad, certeza jurídica y estabilidad institucional.
El contexto actual exige una conversación franca. La expansión de las organizaciones criminales transnacionales, el tráfico de fentanilo, el lavado de dinero, el tráfico de armas y los desafíos asociados a la migración irregular representan amenazas que afectan a nuestras sociedades y economías por igual. Ninguno de estos fenómenos reconoce fronteras y ninguno puede resolverse de manera aislada.
Por ello, desde la American Society of Mexico se ha planteado la necesidad de construir una nueva etapa de cooperación binacional con un Tratado de Libre Comercio contra el Crimen (TLCC), un mecanismo de colaboración entre dos países soberanos que comparten desafíos comunes y responsabilidades compartidas.
La propuesta parte de una premisa sencilla: la cooperación fortalece la soberanía; el crimen organizado la debilita.
Durante años hemos visto cómo la integración económica ha permitido que nuestras industrias sean más fuertes, más innovadoras y más resilientes. Hoy debemos aplicar esa misma lógica a la seguridad. Así como el T-MEC estableció reglas claras para el comercio y la inversión, un TLCC podría establecer objetivos comunes, mecanismos de coordinación y herramientas de evaluación para combatir amenazas que afectan a ambos países.
No se trata de sustituir instituciones nacionales ni de comprometer la autonomía de los gobiernos. Se trata de crear un marco de confianza que permita compartir información estratégica, fortalecer la cooperación financiera contra el lavado de dinero, combatir las redes criminales transnacionales y proteger mejor a nuestras comunidades.
La discusión resulta especialmente relevante en un momento decisivo para la región. Nos encontramos en vísperas de la revisión del T-MEC, en medio de una profunda reorganización de las cadenas globales de suministro y ante una creciente competencia geopolítica por atraer inversión productiva.
México tiene una oportunidad histórica. El nearshoring ha colocado al país en una posición privilegiada para recibir nuevas inversiones y consolidarse como el principal socio comercial de Estados Unidos. Sin embargo, la inversión requiere algo más que ventajas geográficas o costos competitivos. Requiere certidumbre, instituciones fuertes y seguridad.
Las empresas que evalúan proyectos de largo plazo analizan no sólo incentivos fiscales o infraestructura logística. También observan la capacidad de los gobiernos para garantizar el Estado de derecho y proteger las cadenas de suministro. En ese sentido, fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad es también una estrategia de competitividad económica.
Tanto el gobierno mexicano como el estadounidense comparten un objetivo fundamental: proteger a sus ciudadanos y fortalecer la estabilidad de la región. La relación bilateral merece una visión de largo plazo. Una visión que reconozca que la prosperidad económica y la seguridad son dos caras de la misma moneda.
El siglo XXI exige nuevos instrumentos para enfrentar nuevos desafíos. Así como el libre comercio redefinió nuestra relación económica, la cooperación estratégica puede redefinir nuestra capacidad para enfrentar juntos las amenazas que ponen en riesgo nuestro futuro común.
La pregunta ya no es si debemos cooperar más. La pregunta es cómo construir mecanismos que nos permitan hacerlo con mayor eficacia, transparencia y respeto mutuo. Un TLCC podría ser el inicio de esa conversación.
Presidente de American Society of Mexico
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