Por Alcira Hava
La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado recientemente que “no hay un acuerdo” entre México y Estados Unidos para deportar a México a miles de ciudadanos de otros países. México ha recibido más de 13 000 personas deportadas de otras nacionalidades y, según la presidenta, lo ha hecho porque “somos un país humanitario, por lo que, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, no se les rechaza.”
En una reciente visita a Villahermosa, conocí a un hombre cubano de 66 años que seguramente no opine lo mismo. Fue deportado a México luego de vivir 45 años en Arizona. Ahora se encuentra en la indigencia y sin acceso a medicamentos, en una ciudad donde no tiene contactos ni apoyo. Lleva casi un año sin ver a su esposa ni a sus dos hijos, todos ciudadanos estadounidenses. Él calificó su deportación como “un castigo inmerecido”.
Este hombre, cuyo nombre no revelamos por su seguridad, es uno de los 41 cubanos que entrevistamos para un reciente informe de Human Rights Watch. Su caso no es único. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, fueron deportados a México más de 4 300 cubanos, la nacionalidad más numerosa. Muchos de ellos tienen más de 60 años y llevaban décadas viviendo en Estados Unidos. Estas personas no entraron al país por su cuenta, sino fueron trasladadas por la fuerza a través de la frontera sur y entregadas al Instituto Nacional de Migración, que las llevó en autobús a Chiapas y Tabasco. Al afirmar que estas personas simplemente “llegan” a México, la presidenta Sheinbaum minimiza las deportaciones a terceros países llevadas a cabo por la administración Trump y la cooperación de México.
Todo el proceso de deportación es cruel. El hombre con el que hablé me contó que, cuando se negó a firmar su orden de expulsión, los agentes lo amenazaron con encerrarlo “en una habitación con cuatro o cinco matones” hasta que firmara.
La administración Trump pretende legitimar su campaña asegurando que solo deporta a “lo peor de lo peor”. Sin embargo, el hombre que entrevisté, como el 84 % de los cubanos deportados recientemente a México, no tenía ninguna condena por delitos violentos. En junio de 2025, después de que un juez desestimara los cargos en su contra por posesión de una sustancia ilícita, agentes de inmigración lo detuvieron al salir del juzgado. Nunca informaron a su familia de su detención. Cuando su abogado defensor intentó localizarlo en el sistema gubernamental de localización de detenidos, no apareció en ningún registro. “Me desaparecieron”, afirmó. “Era como si nunca hubiera existido”.
A pesar del secretismo que rodea las deportaciones a México, una cosa es clara: las autoridades migratorias estadounidenses no toman en cuenta el impacto devastador que la deportación tiene sobre las personas mayores y aquellas con problemas de salud, mientras que las autoridades mexicanas, en el mejor de los casos, han sido pasivas a la hora de atender sus necesidades.
Como muchos otros deportados, este hombre tiene problemas de salud: le extirparon la tiroides años antes de su expulsión. En México, ya no puede recurrir a Medicare y Medicaid, programas de seguro de salud estadounidenses para personas mayores y con bajos ingresos. México, por su parte, no proporciona medicamentos subvencionados a las personas deportadas.
“Voy a tener que elegir entre pagar la renta o mi medicación” me dijo.
México tampoco ofrece a las personas deportadas ningún estatus legal inmediato ni les permite trabajar. De hecho, cualquiera que pase por el Parque Miguel Hidalgo de Tapachula verá a cubanos deportados viviendo en la calle.
La presidenta Sheinbaum afirmó que México determina si las personas “quieren regresar a su país de origen o si se quieren quedar en México, bajo qué condiciones pueden quedarse”. En realidad esa opción no existe para muchos cubanos deportados. No pueden “regresar a su país de origen” porque Cuba se niega a recibirlos. Como Estados Unidos los ha rechazado, no tienen otra opción que quedarse en México.
La pregunta, pues, es bajo qué condiciones pueden quedarse. Todas las personas a las que entrevistamos nos contaron que las autoridades migratorias mexicanas solo les comunicaron que tenían un permiso limitado para permanecer en México —por lo general, de 10 días— y les aconsejaron que solicitaran refugio.
En la práctica, las remitían a un sistema de refugio que no funciona. Muchos lo intentaron. Pero la mayoría de las personas tienen que atravesar enormes obstáculos para acceder a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la agencia encargada de procesar solicitudes de refugio. En parte debido a los recientes recortes de financiación de Estados Unidos a la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR), la capacidad de tramitación del programa de refugio de México se redujo de forma sustancial. Según la legislación de México, las solicitudes de refugio deben resolverse en un plazo de 45 días, pero para las personas deportadas todo el proceso puede demorar un año o más, si es que logran siquiera acceder al procedimiento.
La condición de refugiado no debería ser la única opción disponible para que los cubanos regularicen su situación migratoria. Los cubanos que se encuentran ahora varados en el sur de México son, en esencia, apátridas de facto, es decir personas sin un país que los reconozca. Al saber que Cuba se niega a recibirlos, México debería ofrecer una vía para regularizar su situación migratoria, independientemente de que reúnan o no los requisitos para ser considerados refugiados. También les debería otorgar permisos de trabajo, y acceso a servicios básicos para que puedan vivir con dignidad.
Eso es lo que haría un “país humanitario”.
Alcira Hava es la becada Leonard H. Sandler Fellow con Human Rights Watch y una de las autoras de “‘Nos abandonan aquí a morir’: deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y nacionales de otros terceros países”.