Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 del INEGI, de quienes identifican a la Fiscalía General de la República, 20.4% expresó tener algo de desconfianza en ella y 13.5% mucha desconfianza. Ello se refleja en la cifra oculta, que se refiere a los delitos no denunciados o no judicializados, que ronda el 93%.
A esta cifra se refirió la licenciada Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, quien, al presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, reconoció que la Fiscalía debe adaptarse para que la ciudadanía denuncie.
Este instrumento contiene, tal como lo establece la ley, estrategias, objetivos y prioridades de investigación para la eficiencia y eficacia de la persecución penal; así como los principios rectores de la FGR. Está basado en un análisis sólido, que presenta metas realistas y alcanzables.
En principio, porque se admite la problemática que prevalece en torno del fenómeno criminal, al que se ha respondido de manera fragmentada e insuficiente; se indica la existencia de modelos de investigación obsoletos, abandono de las fiscalías federales, y la ausencia de atención de temas fundamentales como el feminicidio y la extorsión.
Reconocer estas debilidades permite augurar el éxito del Plan Estratégico, pues este diagnóstico permitirá plantear las mejores soluciones.
En la presentación del Plan se apuntó que la transformación de la institución es integral, coherente y busca erradicar prácticas que desgastaron la confianza ciudadana: la corrupción, la opacidad y la indiferencia. Así, la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para recuperar la legitimidad.
Se parte de una premisa fundamental: colocar a las víctimas en el centro de atención, nunca más una procuración de justicia sin enfoque humanista. Por ello, se impulsará un modelo de investigación sustentado en ciencia, tecnología y análisis estratégico; de ahí la modernización de la Agencia de Investigación Criminal y el fortalecimiento de la presencia territorial mediante las 32 Fiscalías Federales, como articuladoras de la coordinación con las autoridades locales.
El Órgano Interno de Control de la FGR, como garante de la legalidad, coincide y se armoniza con estas propuestas. Desde su autonomía técnica y de gestión, participará en la implementación de cada uno de los ejes estratégicos del Plan y comparte la prioridad de evolucionar de una función reactiva y punitiva a un rol preventivo que contribuya a recobrar la credibilidad de la Fiscalía.
En este sentido, el Órgano Interno de Control tiene el compromiso de investigar y sancionar administrativamente a las personas servidoras públicas de la FGR que trasgreden la ley; auditar de manera profesional y con metodología certera el ejercicio de los recursos para promover su uso adecuado y eficaz; realizar la evaluación diagnóstica del desempeño institucional; verificar que los actos de destrucción de bienes asegurados se lleven a cabo conforme a la normatividad, y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales. Con ello, este ente fiscalizador coadyuvará al éxito de la procuración de justicia y a la recuperación de la confianza ciudadana en esta institución.
Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de la República