En Nicaragua casi no quedan espacios por cerrar

En Nicaragua, la crisis de derechos humanos, de la democracia y del Estado de derecho sigue profundizándose. Durante ocho años, ONU Derechos Humanos ha documentado cómo el silencio ha sido impuesto mediante la represión, la arbitrariedad y la violencia dirigidas contra opositores políticos, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, sacerdotes y pastores. En Nicaragua no se tolera ninguna voz disidente o crítica. Tampoco las que se expresan desde fuera.

Desde abril de 2018, cuando inició la crisis, el Estado ha clausurado al menos 5 mil 500 organizaciones de la sociedad civil y más de 50 medios de comunicación. Ha habido cientos de muertes violentas, detenciones, juicios sumarios, desapariciones y personas forzadas al exilio y la apatridia.

Los datos se quedan cortos frente a la tragedia y la crueldad que han sufrido centenares de familias en duelo o los miles de proyectos de vida destrozados. La familia de Brooklyn Rivera, el líder indígena que falleció bajo custodia del Estado, pidió su cuerpo para despedirle según sus costumbres. No solo se les negó: les detuvieron.

Muchas violaciones continúan, aunque se reportan menos casos nuevos, no porque la represión haya mermado, sino porque prácticamente no queda espacio cívico por cerrar en el país y el temor a denunciar se ha apoderado de las víctimas. Ahora se busca imponer el silencio más allá de las fronteras.

Defensores de derechos humanos, periodistas, políticos, empresarios, académicos y obispos se vieron forzados a abandonar su país. Muchos han buscado ejercer su libertad de expresión o el derecho a defender derechos desde fuera. En represalia, unas 450 personas nicaragüenses en el exilio han sido desnacionalizadas. Otros miles más viven una apatridia de facto, sin recibir documentos de identidad o poder ejercer otros derechos básicos de ciudadanía.

En los casos más dramáticos, la represión transnacional se ha dado a través de amenazas y ataques dirigidos contra voces disidentes en el exilio. Desde 2018, ONU Derechos Humanos ha documentado al menos siete asesinatos y dos intentos de asesinato de personas nicaragüenses en el exilio percibidas como opositoras. En junio de 2025, el asesinato de Roberto Samcam, exmilitar nicaragüense y crítico de su gobierno, profundizó el temor entre los nicaragüenses en Costa Rica y muchos salieron a un segundo exilio por seguridad.

Mientras tanto, la captura del Estado se consolida a través de la concentración del poder en el Ejecutivo y el partido gobernante. La nueva Constitución ha supeditado los mecanismos de rendición de cuentas al Ejecutivo, anulando la posibilidad de buscar justicia imparcial ante cualquier forma de arbitrariedad.

La situación es indefendible así que el Estado ha optado por el silencio ante la comunidad internacional. Desde 2019, Nicaragua dejó de cooperar con los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. Tampoco contesta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Una reforma constitucional aprobada en primera legislatura en septiembre establece que las decisiones de organismos internacionales no se aplicarán si se considera que afectan la soberanía. La posibilidad de invocar obligaciones de derechos humanos asumidas por el Estado nicaragüense quedaría sujeta a interpretaciones internas por parte de órganos que ya no son independientes. Es decir, el cumplimiento de las obligaciones que asuma Nicaragua pasaría a ser prácticamente opcional. Esto vacía de contenido el derecho internacional, que es la base común para las relaciones entre Estados.

El Estado de derecho es la certeza de que, ante la injusticia, alguien pueda poner límites al poder, algo que ya no existe en Nicaragua. Cuando nadie puede decirle 'no' al poder, los derechos de todos están en riesgo.

Hago un llamado a todos los Estados a prestar atención a lo que sucede en Nicaragua. Ignorarlo sería premiar el abuso de poder. Todos los países deben unir esfuerzos diplomáticos para buscar medidas pacíficas que permitan restablecer los derechos humanos de todos los nicaragüenses.

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (X: @volker_turk)

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