Sofía Martínez de Castro León
El 20 de mayo se cumplieron 101 años de la promulgación del Decreto con el que Chiapas reconoció a las mujeres el derecho a votar y ser votadas, durante el gobierno interino de César Córdova Herrera. Un año después, en 1926, Florinda Lazos León, enfermera, periodista, sufragista y revolucionaria originaria de San Cristóbal de Las Casas, se convirtió en la primera diputada local del estado. Esto en una entidad atravesada por la desigualdad, el rezago educativo y la negación sistemática de derechos a las mujeres.
Lo de Chiapas ocurrió 28 años antes de que México reconociera el voto femenino a nivel federal, lo que sucedió hasta el 17 de octubre de 1953, durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines.
En más de un siglo, nada se les ha concedido a las mujeres en política sin una lucha continua y la evidencia de injusticias. Hoy, pese a la conquista del sufragio, las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y la paridad como obligación constitucional, persiste un ámbito donde la brecha entre el discurso y la realidad resulta alarmante: el municipal. Es ahí donde la política del discurso parece moverse en una dirección distinta a la de la política que gana elecciones.
Chiapas tiene 22 mujeres al frente de los ayuntamientos, de un total de 124 presidencias municipales. Es decir, 17.7% de sus presidencias las encabezan mujeres. La entidad ocupa el lugar 31 de 32 en paridad municipal en el país, según datos del Instituto Nacional Electoral a finales de 2024.
El contraste con otros cargos es brutal. La actual Legislatura del Congreso del Estado, instalada el 1 de octubre de 2024, está integrada por 24 mujeres y 16 hombres, es decir, 60% son diputadas; la legislatura anterior (2021-2024) tuvo una composición aún más alta, 25 mujeres y 15 hombres. A nivel federal, la Cámara de Diputados ronda el 50% de mujeres y el Senado alcanza también el 50%. Y por primera vez en la historia, una mujer encabeza la Presidencia de la República. Si bien la paridad llegó a abrir casi todas las puertas, no ha logrado quitar el candado a las de los municipios.
El fenómeno no es exclusivamente chiapaneco. De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2025 del INEGI, al cierre de 2024 únicamente 24.9% de las personas que presidían ayuntamientos y alcaldías en el país eran mujeres: 605 de 2,433 cargos. En 13 entidades del país el porcentaje de alcaldesas se mantiene por debajo del 30%.
Debido a la obligatoriedad de la postulación paritaria vertical o en cremallera, otros cargos del cabildo han aumentado en número de mujeres. Mientras las presidencias municipales del país apenas se acercan a una de cada cuatro en manos de mujeres, las sindicaturas alcanzan el 66.3% y las regidurías el 55%, según el balance del INE sobre los procesos electorales 2024. El patrón se repite: las mujeres llegan al cabildo debido a la conformación de la planilla, pero no encabezan; integran el órgano colegiado, pero no el cargo unipersonal.
La pregunta obligada es por qué, si la postulación cumple con la paridad exigida en sus dimensiones vertical, horizontal y transversal, los resultados electorales no lo reflejan. Las explicaciones convencionales apuntan a la carga cultural patriarcal, los desequilibrios en recursos de campaña, las redes de apoyo y los propios perfiles políticos, donde los hombres tienen en general mayor presencia histórica. Todas ellas pueden ser ciertas. Pero la pregunta verdaderamente incómoda es anterior a los resultados de la contienda: ¿son las candidatas postuladas verdaderas candidatas?
En el proceso electoral local 2024, los partidos políticos y coaliciones registraron cientos de candidaturas femeninas a las presidencias municipales de Chiapas, en cumplimiento de los lineamientos de paridad. Algo similar ocurrió en todo el país. En la memoria colectiva, sin embargo, no aparecen diversas candidaturas: nadie recuerda sus campañas. Se trata de perfiles cuyos nombres jamás circularon en mítines, redes, debates, entrevistas o medios; mujeres que figuraron en la boleta pero no en la contienda.
Especialistas como Flavia Freidenberg y Karolina Gilas, desde la UNAM, han llamado a esta brecha la distancia entre paridad descriptiva y paridad sustantiva. Es decir: tener mujeres en la boleta no equivale a tener mujeres en el poder con capacidad real de decisión, agenda propia y ejercicio pleno del mandato. Cuando la postulación se convierte en un trámite y la candidatura en un requisito, la paridad se vacía de contenido democrático y opera, en los hechos, como un mecanismo que legitima estructuras partidistas todavía dominadas por hombres. Pensar que esas dinámicas son necesarias para garantizar la gobernabilidad equivale a negar la posibilidad real de la paridad sustantiva y del ejercicio de los derechos de las mujeres.
Ciento un años después del decreto chiapaneco y setenta y tres del federal, la pregunta no es ya si las mujeres tienen derecho a competir, sino si compiten en condiciones reales de igualdad o si la paridad se ha convertido, en el ámbito municipal, en un ajuste de números y nombres para cumplir con la norma sin transformar realmente el ejercicio del poder.
Elevar las cuotas difícilmente sería suficiente. Lo que las cifras de Chiapas y de los municipios del país exigen es atender la raíz: reconocer que la omisión en campañas no es casualidad sino un acto político, y que no es normal que mujeres candidatas no aparezcan en sus campañas, como tampoco lo es que las electas no ejerzan sus cargos. Mientras una mujer pueda postularse sin hacerse presente ante la ciudadanía con libertad, recursos suficientes y seguridad para pedir el voto y ejercer el cargo, la paridad seguirá siendo una promesa que avanza en el papel pero no en las urnas.
Así, las discusiones sobre elevar las cuotas de paridad o integrar medidas de alternancia en candidaturas a nivel municipal deben abarcar invariablemente medidas efectivas para romper la simulación en todas las etapas: desde los partidos políticos hasta el registro de candidaturas, la realización de campañas electorales y las sanciones por violencia política. Y deben considerar acciones sostenidas y específicas para cada contexto municipal, que garanticen la participación libre y en condiciones reales de igualdad de las mujeres, por encima de acuerdos que busquen asegurar el poder a quienes no aparecen en las boletas.
A Florinda Lazos León y a las primeras mujeres sufragistas del país les debemos seguir construyendo los espacios para que las mujeres no solo aparezcan en boletas, sino que efectivamente participen, gobiernen y tomen decisiones, sobre todo a nivel municipal.
Maestra en Políticas Públicas Comparadas y Consejera Electoral en el IEPC Chiapas.