“Aquí están los maricones. Muy chulos y coquetones”. Este indignante encabezado fue publicado por el periódico “Hoja Suelta” en 1901, derivado de una redada al interior de un inmueble en la colonia Tabacalera, con motivo de un evento social en el que participaban 42 hombres, 41 de los cuales fueron arrestados y de ahí el nombre con el que fue conocido este hecho: “El baile de los 41”. El Derecho no siempre ha sido sinónimo de justicia. A lo largo de la historia, también ha discriminado, castigado y excluido.
Uno de los primeros juicios documentados ocurrió en 1530, cuando un noble indígena purépecha fue condenado a muerte por mantener relaciones sexuales con otro hombre. Años después, en 1604, la Santa Inquisición sentenció a dos personas por cometer el llamado pecado “nefando contranatura” en lo que hoy es Morelia.
No fue sino hasta 1746 que se prohibió que los tribunales eclesiásticos emitieran sentencias en casos relativos a la sexualidad. Sin embargo, el motivo no fue un reconocimiento de derechos, sino una lucha de poder entre autoridades civiles y religiosas.
Ya en el México independiente, el motivo de persecución fue otro, mediante normas ambiguas que sancionaban conductas contrarias a la moral o a las “buenas costumbres”. Así, durante los siglos XIX y XX, los municipios encontraron nuevas formas de perseguir a través de Bandos de Policía y Buen Gobierno, mediante los cuales se castigaba a personas de la diversidad sexual por “faltas al pudor”, “escándalo en la vía pública” u “ofensas a la moral”. El Código Penal del Distrito Federal, de 1871, reforzaba esta lógica.
Paradójicamente, ese mismo año de 1871 marcó también un pequeño avance. Bajo el gobierno de Benito Juárez, el nuevo Código Penal eliminó el castigo directo por el delito de sodomía. Sin embargo, la persecución no desapareció, pues las autoridades siguieron utilizando categorías morales para continuar sancionando y persiguiendo.
En medio de este panorama surgieron historias que rompían moldes. Una de ellas fue la de Amelio Robles. Nacido con el nombre de Amelia, desde joven tuvo claro que su identidad no correspondía con el género asignado al nacer. En 1911 se unió a las filas zapatistas y destacó por su valentía y eficacia militar. Con el tiempo, no solo alcanzó el grado de coronel, sino también el reconocimiento de su identidad como hombre, tanto en lo social como en lo legal.
A nivel internacional, otro hito importante ocurrió mucho más tarde. El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Un acto que, aunque tardío, fue fundamental para desmontar prejuicios arraigados y abrir paso a nuevas formas de reconocimiento. En México, la protección constitucional llegó el 14 de agosto de 2001, cuando se reformó el artículo 1° para prohibir cualquier forma de discriminación, incluyendo la motivada por preferencias.
A partir de ahí, los cambios comenzaron a acelerarse. En 2006, el entonces Distrito Federal aprobó la Ley de Sociedad de Convivencia, que permitía a dos personas formar un hogar común sin importar su género. Tres años después, en 2009 se reformó el Código Civil para redefinir el matrimonio como la unión entre “dos personas”, y no entre “un hombre y una mujer”. Así, la Ciudad de México se convirtió en pionera en reconocer el matrimonio igualitario en el país.
Este avance no estuvo exento de controversia. La reforma fue impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, el máximo tribunal confirmó su constitucionalidad. Con ello, no solo validó la norma, sino que sentó un precedente histórico en materia de igualdad y no discriminación.
En años recientes, la Suprema Corte ha seguido ampliando este reconocimiento. Ha avalado, por ejemplo, la sanción de discursos de odio como medida para combatir la discriminación (Acción de Inconstitucionalidad 152/2024), ha reconocido el derecho de niñas, niños y adolescentes a modificar su nombre en actas de nacimiento conforme a su identidad de género (Acción de Inconstitucionalidad 73/2025) y eliminó la referencia de “homosexualismo” como equiparable del delito de corrupción de menores (Acción de Inconstitucionalidad 86/2024).
El reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género no han sido una dádiva del Estado: ha sido una lucha incansable, una exigencia social y un grito por el reconocimiento de lo más básico, la propia identidad. Tanto por la voluntad de quienes han modificado la ley, como a golpe de sentencia, tales derechos han ido reconociéndose y ampliándose: lo que hoy es común, como el matrimonio de personas del mismo sexo o el cambio de nombre en un acta de nacimiento, era algo impensable hace 100 años. Pero actualmente, son derechos sin los cuales no podemos imaginar a la sociedad moderna. Porque, al final, el reconocimiento de la diversidad no es solo un asunto legal sino, ante todo, un acto de justicia.
Corolario
El día de ayer, en la Suprema Corte, se vivió un espacio clave para avanzar hacia el reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de género: el encuentro “Juzgando con Orgullo”, donde personas juzgadoras dialogaron sobre familia homoparental, eliminación de terapias de conversión, justicia con perspectiva de orientación sexual y combate a la discriminación y los discursos de odio.
Este evento fortalece el compromiso institucional de ampliar y garantizar los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género.
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación