Una de las grandes promesas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador fue que vendería el avión presidencial que “ni Obama tenía”. Así lo repitió en varias ocasiones durante su campaña y, apenas llegó a la Presidencia, se ha rehusado a volar en él. Muy rápido, la Secretaría de la Defensa contactó a Boeing, la empresa que le arrendó el TP-01 a Banobras, para mandarle el avión de regreso para estacionarlo en uno de sus hangares, en lo que se vende.

Recordemos que este avión no es propiedad del gobierno federal aún porque el contrato entre Boeing y Banobras se firmó en noviembre de 2012 a un costo de 2 mil 952 millones de pesos que se deberían pagar en 15 años. Así, la factura del avión presidencial aún no es del gobierno mexicano, es de Boeing.

Pero aún sin ser dueño del avión, el presidente ha dicho que lo venderá y que el dinero del TP-01 lo destinará al Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica. En la Conferencia Mañanera del 12 de junio, el presidente dijo textual:

“Acerca de cuánto nos va a costar este plan, decirles que tenemos presupuesto, lo dije ayer y lo repito, donde comen uno comen 10, 100 y un millón. Además, miren, ayer recibí el avalúo de la ONU sobre el avión presidencial, mínimo 150 millones de dólares y de ahí para arriba, me quedé con la duda de 130 o 150; pero este dinero saldría de lo que vamos a recibir del lujoso avión presidencial de nombre, como burla, José María Morelos y Pavón, el que buscaba que se acabara la opulencia, que se viviera en la justa medianía”.

Quizás valdría la pena que el presidente revise sus números… o, más bien, los números de los mexicanos, que somos quienes estamos financiando mediante nuestros impuestos el arrendamiento del hangar en el que está el avión presidencial y las mensualidades que se siguen pagando mientras el avión está estacionado en Victorville, California.

El contrato entre Boeing y la Sedena al que tuve acceso y que está firmado el 27 de diciembre del 2018 por el General de División Manuel de Jesús Hernández González, muestra que el primer año de tener el avión estacionado está costando $719 mil 321 dólares, solamente por el espacio y por la vigilancia del avión. Esto no incluye los daños que pueda sufrir el TP-01 que está estacionado a la intemperie y de cuyo deterioro no es responsable Boeing sino el gobierno mexicano.

¿Por qué se quiso enviar el avión a California a dejarlo estacionado a la intemperie en lugar de tenerlo igual, estacionado, en el hangar presidencial que se construyó específicamente para este TP-01? Quién sabe.

Pero este costo tampoco incluye arreglos extras ni partes que se le tengan que comprar al avión. Si se llega a requerir trabajos de alguna empresa o trabajador externo a Boeing, por ejemplo, el costo por día es de 2 mil 750 dólares más horas extras. Todo este costo le ha estado llegando al gobierno mexicano cada tres meses para que lo vaya liquidando puntualmente.

A este costo de tener estacionado el avión en California, que en el hangar presidencial de México sería cercano a cero, hay que sumarle los pagos mensuales que debe hacer Banobras que todavía debe liquidar poco más de 2 mil millones de pesos.

Así, entre los vuelos comerciales; las mensualidades de Banobras, y el costo de tener el avión estacionado, está saliendo bastante caro esto de vender el avión que ni Obama tuvo.

Pero para acabarla de amolar, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, declaró el pasado 9 de abril ante el Senado que: “No habrá recuperación de dinero por la venta del avión presidencial. Con lo que se obtenga sólo se dejará de pagar el costo del arrendamiento financiero por su adquisición. […] O sea, no vamos a recuperar dinero, vamos a dejar de pagar lo que falta por los años siguientes”.

Son las contradicciones del gobierno con respecto al avión presidencial.

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