Con cariño y respeto, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, extorsiona al Grupo Proyecta y le ofrece una alternativa: o donan dos hectáreas o les expropia cuatro. Aritmética del chantaje.
Armenta se formó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó durante 32 años, de 1985 a 2017, y formó parte del círculo más próximo al “góber precioso”, Mario Marín, aquel que desplegó su poder faccioso para darle “unos coscorrones” a la periodista Lydia Cacho, que había denunciado la operación de una red de pedófilos en Cancún y cuyas denuncias incluían a políticos encumbrados y a un poderoso industrial poblano, Kamel Nacif, el “rey de la mezclilla”.
Un tweet del 25 de julio de 2012 exhibe la ductilidad y la catadura política de Armenta: “Felicidades a Enrique Peña Nieto. Vencimos al socialismo populista de izquierda”. Así se refería Armenta al candidato opositor Andrés Manuel López Obrador.
Pero, más allá de sus vaivenes políticos y de su estilo bravucón, Armenta no se equivoca al señalar los viejos usos: el contubernio de gobiernos con empresas desarrolladoras, que les permite a unos y otros enriquecerse en forma inmoral; arreglos que incluyen la adquisición por medio de la intimidación y con pagos miserables de terrenos ejidales o comunitarios. En el caso Puebla —denuncia el gobernador— algunos desarrolladores “se apropiaron de miles de hectáreas y le pagaron a los campesinos centavos” (en realidad, quien les pagó centavos fue el gobierno). Las que fueron tierras de cultivo y pastoreo hoy hospedan casas de lujo, hoteles, plazas comerciales y universidades.
Interrogado sobre quién gobernaba en el tiempo del despojo, Armenta se limita a ubicar la fecha: los años 90, cuando concluía el mandato de Mariano Piña Olaya y empezaba el de Manuel Bartlett, principal artífice del proyecto Angelópolis. El investigador de la UAM Azcapotzalco, Pedro Martínez Olivarez, ubica a principios de 1992 la expropiación por causa de utilidad pública de 1,081.5 hectáreas para establecer una reserva territorial, al tiempo que se ofrecía a los pueblos afectados su inclusión en el proyecto, la atención a la carencia de vivienda social y la preservación ambiental, lo que no se dio. La mezcla de autoritarismo del Estado y la corrupción del capital inmobiliario, dice el académico, caracterizaron la política de suelo del gobernador Bartlett.
Entre los beneficiarios de esos arreglos estuvieron los hermanos Gabriel, Alejandro y Rafael Posada Cueto, propietarios del Grupo Proyecta que en aquellos años vendieron su “Harinera La Asunción” al grupo Maseca; esos recursos —sostiene el portal de noticias Reto diario— les permitieron adquirir 450 hectáreas de tierra que hoy forman parte de Lomas de Angelópolis.
Historia de malos y peores, la resistencia para donar dos hectáreas de los dueños del Grupo Proyecta, habla de su avaricia, voracidad y pobreza moral, pero la manera de “persuadirlos” del gobernador Armenta lo muestra obtuso y arbitrario. En sus largos años en el PRI nunca aprendió una máxima elemental: “La forma es fondo”.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario. @alfonsozarate
