El 25 de julio de 2024 un avión arreglado para pasar inadvertido (alteraron la matrícula, inhabilitaron los sistemas de localización, aumentaron la autonomía...) fue recibido en Santa Teresa, Nuevo México, por agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI). Llevaba un cargamento explosivo: Ismael El Mayo Zambada, y su ahijado Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo.
¿Cómo, quiénes y porqué se urdió esa trama que llevó al secuestro y extracción de Zambada, quien había permanecido impune por más de cincuenta años, desatando una verdadera guerra civil en Sinaloa?
Aquel día, durante la reunión convocada para arreglar las disputas entre Rocha y Cuén por el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa (¡El Mayo como godfather de la más importante universidad pública del estado!), fue asesinado Melesio Cuén, ex rector, diputado electo y enemigo de Rubén Rocha.
En la construcción de la trama son claves dos antecedentes: la extradición de Ovidio Guzmán el 15 de septiembre de 2023 y la entrega a Estados Unidos de 17 integrantes de la familia Guzmán, incluida la exesposa de El Chapo, Griselda López Pérez y madre de Ovidio, el 13 de mayo de 2025.
El FBI pactó con Ovidio, pero lo operó con su hermano Joaquín y distintos indicios sugieren la cooperación del gobernador Rubén Rocha y de personajes de su gobierno; un papel relevante le correspondió a la entonces fiscal Sara Bruna Quiñonez, quien diseñó el burdo montaje para hacer creer que Cuén había sido asesinado en un intento de asalto en una gasolinera, extrañamente Quiñonez no aparece en el radar de la FGR ni entre Los Diez de Sinaloa que reclama el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A lo largo de dos años el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y después el de Claudia Sheinbaum le exigieron a las autoridades norteamericanas información sobre ese operativo; la respuesta llegó en el momento en que el FBI decidió donar al War Eagles Air Museum en Texas el avión de turbohélices en que se transportó a El Mayo.
El operativo constituye una grosera violación a nuestra soberanía, pero no puede omitirse un dato oprobioso: que el gobierno mexicano mantiene la protección a Rubén Rocha y a Enrique Inzunza, ignorando todas las evidencias sobre sus arreglos con los chapitos.
Mientras tanto, la presidenta Sheinbaum endurece el discurso antinorteamericano; dice que nuestros vecinos aman el dinero, pero no la cultura, un discurso absurdo y falaz; y en cuanto a los arreglos con criminales que denuncia Sheinbaum, conviene recordar, por un lado, que gracias a esos arreglos con testigos colaboradores hoy Genaro García Luna purga sentencia en Estados Unidos y, por otro, que, como ocurre en Estados Unidos, en México la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada permite concretar acuerdos con un miembro del crimen organizado que así obtiene privilegios como la reducción de su sentencia a cambio de revelar delitos graves de sus superiores. Recientemente se abusó de este recurso en beneficio de jefes del grupo criminal Guerreros Unidos, en las indagatorias sobre la noche trágica de Iguala.
Presidente de Grupo Consultor interdisciplinario @alfonsozarate