En las primeras horas del pasado 2 de junio, la periodista Roxana Guzmán Ramírez fue secuestrada por un comando armado que irrumpió en su casa; desde entonces no aparece, pero por lo pronto están detenidos un comandante y tres elementos de la policía municipal. Roxana había regresado apenas en enero a Nanchital, donde fundó Pulso Informativo del Sureste, un medio que informa lo cotidiano, que lleva el registro de los hechos relevantes en ese pequeño espacio de Veracruz. A algún jefe de plaza le pareció intolerable su trabajo y ordenó el escarmiento, tiene razón la columnista Marcela Vázquez Garza: “El periodismo hiperlocal es el más invisible y el más expuesto”.
La colusión de integrantes de las policías municipales y estatal de Veracruz con los criminales es una historia vieja y abarca municipios de todas las regiones del estado. En el caso de Roxana esos elementos estarían coludidos con el Grupo Sombra, escisión del Cártel del Golfo que tiene presencia en más de cincuenta municipios veracruzanos.
Repasar algunos hechos de los últimos años en Veracruz es remover una mezcla purulenta de colusión de jefes e integrantes de corporaciones policiales con la delincuencia. Durante el gobierno de Javier Duarte (2010-2016) muchas desapariciones y ejecuciones se atribuyeron a fuerzas de seguridad y a los grupos criminales que operan en el estado; destaca la masacre de 35 personas en septiembre de 2011, cuyos cuerpos fueron dejados frente al World Trade Center (WTC) de Boca del Río.
Está el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, especializado en la cobertura de protestas sociales, ocurrido en la Ciudad de México (julio de 2015), que mostró que no había un lugar seguro para quien había sido sentenciado por la delincuencia.
En 2017 fue descubierto un cementerio clandestino, “el más grande en América Latina”, en un predio al norte del puerto de Veracruz, en donde de 153 fosas fueron extraídos 302 cráneos que correspondieron a personas desaparecidas “por grupos criminales y por organismos de seguridad gubernamentales” (Base de datos del proyecto Permiso para Matar).
En enero de 2018, cuatro cabezas de hombres fueron expuestas en el cofre de un vehículo en una brecha del municipio de Sayula de Alemán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuyó el hecho; unos días antes otras cinco cabezas habían sido dejadas en el cofre de un taxi.
En agosto del año pasado, el asesinato de la profesora jubilada y taxista Irma Hernández sacudió a las redes sociales; fue obligada a advertir en un video: “Con la mafia veracruzana no se juega”.
Apenas el 11 de junio fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez, en Poza Rica; como en otros casos la principal línea de investigación involucra a elementos de la policía. En la misma colonia unos meses antes había sido asesinado el reportero Carlos Castro.
Como otras zonas de la geografía nacional, Veracruz está fuera de control. Rocío Nahle no gobierna, solo regentea lo que le permite el crimen organizado.
Presidente de Grupo Consultor interdisciplinario @alfonsozarate
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