La tragedia de Morelos

Los homicidios de cinco estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde abril de 2025 le estallaron en el rostro al gobierno de la morenista Margarita González Saravia. Es la radiografía de un estado donde la autoridad perdió el control y quiso compensarlo con estadísticas amables y pésames oficiales.

Aylin Rodríguez, Kimberly Ramos, Karol Toledo, Michelle Itzayana Fuentes y Claudia Tacoronte. Cinco jóvenes asesinadas. Cuatro de ellas en 2026. La última, una española de 21 años que llegó a Morelos para estudiar y terminó asesinada en Cuautla. La Universidad de Granada suspendió nuevos intercambios con la UAEM. Morelos ahora también expulsa estudiantes extranjeros.

Esta tragedia exhibe varias cosas.

Primero, ser gobernante mujer no garantiza sensibilidad, compromiso ni resultados frente a la violencia contra las mujeres. En Morelos su situación se agravó de forma alarmante. La sororidad sirve de poco cuando queda atrapada entre discursos, ceremonias y fotografías. No se gobierna con identidad de género. Se gobierna con decisiones, carácter y resultados.

Segundo, la simulación estadística siempre termina derrotada por la realidad. Se pueden acomodar periodos, presumir porcentajes y repetir que los delitos van a la baja. Después aparecen cinco nombres, cinco familias destruidas y una comunidad universitaria aterrada. Ninguna gráfica puede imponerse sobre una tragedia así. Los números oficiales podrán tener maquillaje; los ataúdes no.

Tercero, las buenas intenciones no sustituyen una estrategia. Margarita González puede expresar dolor, prometer justicia y asegurar que dará seguimiento personal. Es lo mínimo. Lo que no aparece es una política sólida, con objetivos medibles, mando institucional y control territorial. Su gobierno navega a la deriva y reacciona tarde ante tragedias irreparables. Gobernar no consiste en llegar después con cara de preocupación.

Cuarto, no aplicar la ley por cálculo político termina cobrando una factura. La protección que González Saravia ha brindado a su impresentable antecesor, Cuauhtémoc Blanco, la hace responsable por omisión de no investigar las presuntas redes y complicidades heredadas del sexenio más oscuro de Morelos. La realidad criminal actual no puede explicarse sin revisar lo que se permitió, se encubrió y se dejó crecer durante aquellos seis años.

Por ahí debió comenzar la gobernadora. Prefirió la comodidad partidista. Cuidar a un exgobernador de Morena resultó más importante que desmontar el aparato de corrupción e impunidad que sobrevivió a su administración. El costo ya no se mide solamente en descrédito. Se mide en vidas.

La obligación de un gobierno no es compartir el dolor después de los hechos. Es evitar que ocurran. La justicia posterior es indispensable; la prevención abandonada también tiene responsables.

Es difícil encontrar otra entidad con una cadena semejante de asesinatos contra jóvenes de una misma comunidad universitaria. Si cinco estudiantes muertas no son señal de ausencia del Estado, ¿cuántas tragedias más necesita Morelos para admitir lo evidente?

El desastre del sexenio anterior no terminó. Solamente cambió de rostro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.