Las AFORES han reaparecido en el debate nacional a raíz de las declaraciones de nuestro presidente el 9 de junio. Opinar sobre lo que propone hacer AMLO es por ahora jugar a las adivinanzas, pero lo que sí se puede hacer es valorar la situación de las pensiones en México antes de las reformas de 1997 y 2007, así como los efectos de las privatizaciones del IMSS primero y del ISSSTE después.
El sistema público mexicano (previo a 1997 y 2007) nunca fue un sistema de beneficios definidos o “pay as you go” ortodoxo. Los sistemas de beneficios definidos consisten en que la generación en activo sostiene con sus cotizaciones a la generación que está jubilada, cuyos beneficios son definidos y preestablecidos. Los principios detrás de este sistema son la solidaridad intergeneracional, pero también la solidaridad entre el campo y la ciudad, entre trabajadores del sector privado y trabajadores del sector público, entre trabajadores que cobran altos salarios y trabajadores con nóminas más reducidas, entre hombres y mujeres, entre regiones del país más desarrolladas y regiones del país menos desarrolladas.
El sistema público mexicano, por el contrario, fue un sistema perverso, cuya principal inequidad fue dejar en la más absoluta desprotección a 75 por ciento de la población. Un sistema que profundizó las inequidades de clase, género, tipo de localidad y región debido a que era un sistema fragmentado, con regímenes especiales para determinados trabajadores de sectores estratégicos, trabajadores de paraestatales y ciertos trabajadores de los sectores públicos. Adicionalmente, fue un sistema calculado sin tomar en cuenta factores tan determinantes como el envejecimiento de la población y por tanto el creciente número de pensionados en relación a los trabajadores en activo, el incremento exponencial de trabajadores insertos en el sector informal y que no contribuyen al sistema de pensiones, ni la extensión de la esperanza de vida (afortunadamente, México ha pasado de una esperanza de vida de 50.7 años en el quinquenio 1950-55 a 76.5 años en la actualidad).
Las privatizaciones que tuvieron lugar en México y un buen número de países en la región de América Latina y el Caribe, generaron como efecto principal el alivio de las finanzas públicas, dado que el portafolio individual de cada trabajador está sujeto al desempeño de las administradoras de fondos para el retiro (AFORES) lo cual libera al Estado de la responsabilidad que en el sistema anterior compartía con empleadores y trabajadores. Esta indefinición sobre el monto que se recibirá al llegar a la jubilación da al modelo su nombre: contribuciones definidas (esto es, el trabajador sabe cuál es su contribución pero no sabe cuál será su beneficio). Este nuevo sistema no aumenta la cobertura ni mejora ninguna de las características perversas del modelo anterior. Disminuye de manera rotunda, eso sí, la presión sobre las finanzas públicas.
La solución a emprenderse si de verdad existiera la voluntad, sería una reforma integral, basada en la solidaridad entre generaciones, entre clases sociales, entre mujeres y hombres, entre el campo y la ciudad, entre las regiones más desarrolladas del país y las que menos lo están, cuya estructura sería un sistema único para toda la población. Este modelo, que no es nada nuevo y goza de un amplio consensi entre los expertos, consiste en un sistema de tres pilares: un primer pilar, financiado y administrado por el Estado, sostenido con impuestos generales o fondos fiscales, garantía mínima de ingresos para las personas mayores, no contributivo y redistributivo; un segundo pilar, el más robusto, en el que se deben integrar el mayor número de cotizantes mediante la atracción con incentivos de los trabajadores informales, financiado de forma tripartita (trabajador, empleador y Estado) o bipartita (trabajador, empleador); y un tercer pilar, financiado por el trabajador y/o el empleador, de carácter voluntario, para aquellos trabajadores que quieran y puedan generar ahorros adicionales que les permitan una pensión de jubilación de mayor cuantía.
Las pensiones no contributivas (pensión alimentaria y otras) con las que contamos en México son un paliativo que sin duda ha tenido efectos positivos. Pero la reforma que el país necesita es de mayor calado. Requiere de la alianza de todos los partidos políticos, de todos los sectores de actividad, de patronales y sindicatos, y a mayores, de un consenso nacional. Sólo así se conseguirá un sistema solidario y sostenible que asegure el bienestar económico de las personas al llegar a la vejez.
