La historia se repite año con año, denuncia con denuncia, y lo único constante es la inmovilidad: las víctimas hablan, exhiben el patrón y ponen el cuerpo. Del otro lado no se mueve ni la empatía social; ya no digamos la institucional.
Las denuncias contra la cúpula de La Luz del Mundo no son nuevas. Llevan décadas asomándose y también escondiéndose bajo un argumento que funciona como chantaje: “persecución religiosa”. Y sí esto es producto de muchos integrantes de la clase política que, por interés económico, social, electoral o empresarial, han preferido voltear la cara cada vez que el tema aparece.
Esa clase política se ha negado a mirar lo que Carlos Castillo Peraza llamaría “el dolor ajeno, el dolor evitable”: el que no tendría por qué existir si el Estado hiciera lo básico: investigar, proteger, procesar, sentenciar. Pero lamentablemente en nuestro país, cuando el expediente toca redes, votos, dinero o influencias, la justicia camina con muletas…o de plano no camina.
El horror, además, está documentado. Hay investigaciones periodísticas y producciones audiovisuales que han reconstruido testimonios, métodos de control, sentimientos de culpa inducida, miedo y sometimiento. Ahí están, entre otras, “La Oscura Luz del Mundo” en Univisión, “Detrás del Velo, Sobreviviendo a la Luz del Mundo” en HBO, “Secretos del Apostol del Mal” en A&E, “Secretos del Apóstol del Mal” en Netflix.
No son solo “relatos”: son piezas que, con distintos recursos, coinciden en lo esencial: la fe como herramienta de sometimiento cuando se mezcla con poder y silencio.
Todo se volvió más evidente tras la detención de Naasón Joaquín García en Estados Unidos en junio de 2019. El caso se hizo internacional, cuando Sochil Martin junto con otras víctimas, dieron valientemente un paso adelante para denunciar, y, por un momento, pareció que el mundo -y con él México- se vería obligado a reaccionar. El resultado en aquel proceso fue una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión dictada en junio de 2022, derivada de un acuerdo de culpabilidad. Para muchas víctimas, ese desenlace fue agridulce: justicia parcial, castigo menor frente a la magnitud del daño narrado.
En México, en cambio, el contraste fue ofensivo. Un mes antes de aquella detención, el líder religioso fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, el 15 de mayo de 2019, en una gala que se promovió como celebración cultural. Estado laico, sí, pero con alfombra roja.
Animadas por la exposición internacional y por un resquicio de esperanza, Sochil Martin y Sharim Guzmán, víctimas y denunciantes, junto con otras más, consideraron que en nuestro país podía asomar algo de decencia pública. También en 2019 presentaron denuncias formales en México. Y aun así… nada.
En septiembre de 2025, Estados Unidos volvió a sacudir el caso, la detención de Eva García de Joaquín, madre de Naasón Joaquín y otros 5 integrantes de la iglesia, señalados como parte de una red de tráfico sexual vinculada a La Luz del Mundo, con ellos, además el propio Naasón Joaquín García, fueron parte de un nuevo golpe judicial en el que se ampliaron señalamientos federales, con acusaciones de crimen organizado y tráfico sexual, entre otras.
Y mientras en Estados Unidos el expediente se mueve, aquí las víctimas recibieron, meses después, la noticia opuesta: en México se había dado “carpetazo”. Dos países; testimonios semejantes; prácticas denunciadas durante años; el mismo dolor. Pero resultados distintos: inicio de justicia en uno, protección política en el otro.
Ni siquiera importaron las denuncias públicas sobre el avance político de personajes vinculados a esa organización: posiciones en municipios, congresos locales, y presencia en el Congreso de la Unión, porque la fe -genuina- de muchos mexicanos se volvió capital electoral y la autoridad renunció a su obligación: evitar su abuso.
La Presidenta Claudia Sheinbaum, que en septiembre aseguró no conocer nada del caso, ahora, ante el escándalo, ha dicho que el cierre ocurrió en la gestión de Alejandro Gertz Manero y que hay intención de revisarlo o reabrirlo. Y entonces las preguntas se vuelven inevitables: ¿por qué las víctimas fueron notificadas meses después, ya con Ernestina Godoy al frente de la FGR? ¿en qué momento exacto se decidió el “carpetazo” y con qué argumentos? ¿por qué se difieren audiencias bajo pretextos que, en cualquier sistema mínimamente funcional, deberían ser inadmisibles? Si se desestimaron testimonios, ¿bajo qué criterios se pretende reiniciar -si es que se reinicia- la investigación? ¿cuántos años más deben esperar las víctimas para que la justicia en México deje de ser promesa?
A los indicios penales se suman indicios financieros y operativos que, en un país serio, obligarían a una investigación sostenida. En marzo de 2020 la UIF bloqueó cuentas vinculadas a la organización; y en 2021 se informó que, por determinación judicial, se permitió el acceso a nueve cuentas mientras se resolvía el fondo del amparo, sin que ello implicara -según la propia UIF- su eliminación de listas de bloqueo. Si bien estos datos no son sentencia, sí una señal: había líneas de investigación que ameritaban profundidad, no congelamiento político.
Y hay otro episodio revelador: en septiembre de 2025 fueron detenidas 38 personas en Vista Hermosa, Michoacán, reportadas como presuntos integrantes vinculados a La Luz del Mundo en un predio descrito como campo de adiestramiento; días después, una jueza ordenó su liberación al considerar “ilegal la detención”. Otra vez: hechos graves, enorme impacto público, y al final el expediente se deshace en tecnicismos, errores o negligencias que siempre terminan beneficiando a los mismos.
Por eso, más que discursos indignados, lo que se necesita es seguimiento real. Que quienes se han pronunciado por el esclarecimiento del caso, además de la tribuna, acompañen a las víctimas con hechos: vigilancia pública a la actuación ministerial, exigencia de diligencias claras, protección efectiva a denunciantes y cero tolerancia a la interferencia política.
Porque el fondo es brutalmente simple: cuando el poder protege al poder, la impunidad es un sistema que se hace costumbre y cuando hay costumbre, los delitos desaparecen. Y cuando el dolor se archiva, el poder confirma que su lealtad nunca es con las víctimas.
*Política y activista