Como era previsible, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió en defensa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras conocerse la solicitud del gobierno de Estados Unidos para extraditarlo junto con otros funcionarios y exfuncionarios de ese estado, entre ellos el senador Enrique Inzunza Cázares. Las acusaciones son graves: conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer dispositivos destructivos. Frente a ello, el gobierno federal respondió con un libreto que ya parece automático.
Apenas se difundió la noticia, el aparato oficial se alineó. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República (FGR) hablaron de “falta de pruebas”, “violación a la secrecía del caso” y “motivos político-electorales”, como si con esas frases pudieran borrar años de denuncias públicas sobre la complicidad de políticos de Morena con estructuras criminales. La narrativa fue tan predecible que parecía redactada antes de conocer la solicitud de extradición.
Conviene recordar que, tras las elecciones de junio de 2021, las denuncias llegaron en cascada. Diversos testimonios señalaron la intervención del crimen organizado en procesos electorales, y uno de los casos más visibles fue precisamente el de Sinaloa. Mario Zamora Gastélum, candidato a gobernador por la coalición PAN-PRI-PRD, denunció el “levantamiento” de sus operadores antes y durante la jornada electoral. También afirmó que se dificultaba encontrar abogados dispuestos a apoyarlo en las impugnaciones. En contraste, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador celebraba lo que calificó como una jornada “libre y limpia”, “como no sucedía en otros tiempos” y agregaba sin empacho que “la delincuencia se portó bien”. Hoy se confirma el porqué de sus dichos.
Pero la historia no comenzó en 2021. Dos años antes, Ovidio Guzmán había sido capturado y luego liberado por órdenes del presidente. Después de ese episodio, López Obrador incrementó sus visitas a Badiraguato. Sus encuentros -evidentemente planeados- con la madre de Joaquín Guzmán Loera fueron difundidos sin recato, como si se quisiera enviar un mensaje de normalización, incluso de cercanía, entre el poder político y el narcotráfico. Para muchos, aquello selló un pacto de impunidad que hoy muestra sus consecuencias.
Desde entonces, la crisis de inseguridad en Sinaloa -y prácticamente en todo el país- se profundizó. A ello siguió la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, también por parte del gobierno estadounidense, y el asesinato del diputado federal y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén. Con cada episodio, crecieron los señalamientos sobre la presunta vinculación de Rocha Moya con el cártel de Sinaloa.
La defensa federal hacia el mandatario estatal fue constante. López Obrador lo llamó “hermano”. La bancada de Morena coreaba “no estás solo” cada vez que el tema amenazaba con escalar. Gobernadores morenistas publicaron desplegados de apoyo y personajes como Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal realizaron visitas frecuentes para cerrar filas. La protección política formó parte de la estrategia.
Durante años, el gobierno federal hizo oídos sordos a los reclamos de una sociedad que, pese al miedo, salió a exigir seguridad. Madres y padres que perdieron a sus hijos en territorios controlados por el crimen organizado denunciaron la complacencia -por acción u omisión- de las autoridades. Hoy, en esta segunda versión del proyecto político en el poder, encabezado por Claudia Sheinbaum, la bomba de impunidad estalló en las manos de quienes creyeron que nunca habría consecuencias.
Por eso, el recurso ficticio, simplista y maniqueo de la “soberanía” es ahora el único argumento disponible para justificar inacciones y complicidades. Nunca el concepto había sido tan manoseado, tan desviado de su propósito original y tan utilizado como disfraz por quienes, para llegar al poder, no dudaron en comprometer el presente y el futuro de las nuevas generaciones.
Sobran argumentos jurídicos, técnicos, políticos y sociales para exigir que el gobierno de México actúe por primera vez en beneficio de sus gobernados: que extradite a los personajes acusados, que colabore con las investigaciones y que enfrente sin titubeos al crimen organizado y a la narcopolítica que tanto daño han causado al país.
Cifras, datos, estadísticas y nombres abundan. Lo que falta es voluntad política. Rocha Moya es apenas la punta del iceberg. Otros nombres aparecen en el tintero en investigaciones periodísticas, denuncias públicas y señalamientos de actores sociales: Américo Villarreal, Marina del Pilar, Ricardo Gallardo, Alfonso Durazo, Mario Delgado… y, por supuesto, la figura central de este entramado político: Andrés Manuel López Obrador, bajo cuyo sexenio se incubó, normalizó y protegió esta relación entre poder y criminalidad.
Hoy, la presidenta de México tiene en sus manos la posibilidad de romper ese ciclo. Puede dar un golpe de timón y cambiar el rostro del gobierno. O puede seguir administrando la herencia de impunidad que recibió. Lo que decida no definirá solo su sexenio: definirá si este país vuelve a tener Estado o se resigna a vivir bajo la sombra de quienes lo capturaron.
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