Como era de esperarse, las escenas en las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) volvieron a exhibir, sin disfraces ni matices, lo que para millones de ciudadanos significa hoy la justicia en México: opacidad para los poderosos, complacencia para los sospechosos cercanos al régimen y severidad ejemplar para quienes incomodan al poder.
De un lado, aparece un gobernador señalado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, al que nadie vio comparecer con claridad, del que poco o nada se sabe respecto de sus dichos ante la autoridad, y sobre quien sólo queda la impresión de que la institución encargada de procurar justicia en el país terminó actuando más como escudo político que como instancia imparcial. Junto con Rubén Rocha Moya, nueve funcionarios públicos -entre ellos un senador de la República y un alcalde- arrastran señalamientos que revelan una degradación intolerable del servicio público: la infiltración de quienes, para llegar al poder o conservarlo, pactaron con los mismos grupos criminales que estaban obligados a combatir.
Del otro lado está una gobernadora que, por desmantelar un narcolaboratorio y asumir una responsabilidad elemental del Estado, ha sido colocada en el banquillo de los acusados políticos. El contraste resulta escandaloso: mientras unos reciben silencio, indulgencia o defensa institucional, a ella se le intenta castigar con todo el peso de la maquinaria gubernamental. Se le desacredita, se le intimida y se le expone al linchamiento público por cumplir con su obligación constitucional de proteger a la población de Chihuahua frente al crimen organizado.
La embestida contra Maru Campos ha sido brutal, abierta y deliberadamente pública. Pero lo más grave no es sólo el ataque contra una persona o contra un gobierno estatal; lo verdaderamente alarmante es el mensaje que se transmite desde el poder federal: Criminalizar a quien decide combatir el narco y proteger a quienes se vuelven parte de él, para alcanzar el poder. Esta es la lógica perversa que aplica hoy el oficialismo.
Y mientras desde el discurso oficial se invoca la defensa de la soberanía, se omite una verdad esencial: en materia de seguridad, soberanía también significa impedir que el crimen organizado transnacional capture territorios, imponga reglas propias y sustituya al Estado en regiones enteras. No hay soberanía auténtica cuando los cárteles dictan la vida cotidiana, cobran cuotas, desplazan comunidades y someten a la población mediante el miedo, bajo la complacencia del gobierno.
Por eso cobra especial relevancia la convocatoria a respaldar la posición de la gobernadora de Chihuahua. No se trata de un asunto personal ni de una defensa individualista, tampoco partidista. Lo que está en juego es la vigencia de las libertades democráticas, el derecho de los mexicanos a vivir sin miedo y la obligación de las autoridades de servir a la ley, no a las redes del crimen. Los mexicanos no debemos callar frente a estos abusos, porque eso sería permitir que la intimidación avance.
Este día, miles acudirán a Chihuahua, acompañarán a Maru Campos en un acto público, pero su voz no hablará únicamente por ese estado. Su eco alcanzará a un país entero donde las historias de terror, extorsión, desaparición y violencia se han vuelto parte de la conversación diaria. En demasiadas regiones, los mexicanos enfrentan la amenaza criminal al mismo tiempo que observan la tibieza -cuando no la abierta complicidad- de quienes deberían garantizar orden y justicia. Lo que ocurra en Chihuahua será leído, con razón, como una señal para el resto de México.
Habrá quienes no puedan trasladarse al norte del país para estar presentes en esta manifestación por la libertad. Sin embargo, eso no significa que deban permanecer al margen. La defensa de la legalidad y de la democracia también se libra desde otros espacios: desde la palabra pública, desde la exigencia ciudadana y desde la capacidad de no normalizar el miedo.
Ojalá esta sea apenas la primera de muchas batallas cívicas para recuperar a México del control territorial, político y moral que el crimen y la corrupción a través de Morena y los miembros de la mal llamada transformación, han intentado imponer; porque cuando se persigue a quien combate a los criminales lo que se erosiona es la República.
Por eso hoy el llamado es claro: los mexicanos no podemos dejar sola esta lucha. Quienes creemos en un país libre, en instituciones que sirvan a la gente y no a los intereses oscuros del poder, debemos manifestar su respaldo con firmeza.
Desde cualquier lugar del país donde nos encontremos, hoy hay que mannifestar nuestro apoyo a la gobernadora de Chihuahua.
Hay que hacerlo en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las plazas públicas y también en las conversaciones de todos los días. Hay que nombrar lo que ocurre, denunciar la intimidación y rechazar cualquier intento del gobierno federal por perpetuar prácticas de miedo y corrupción contra los mexicanos que sólo quieren vivir en libertad.
El silencio ya no protege a nadie; la voz ciudadana, en cambio, puede convertirse en la primera línea de defensa de la democracia.
Política y activista