El delito de narcomenudeo es definido por la Ley de General de Salud en su artículo 475 como la acción de poseer “algún narcótico de los señalados en la tabla, en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las cantidades previstas en dicha tabla, sin la autorización correspondiente a que se refiere esta Ley, siempre y cuando esa posesión sea con la finalidad de comerciarlos o suministrarlos, aun gratuitamente”. La tabla a la que hace referencia esta ley establece como dosis máximas de consumo personal 2 gr de opio, 50 mg de heroína, 5 gr de marihuana, 500 mg de cocaína y 0.015 mg de LSD, entre otros narcóticos.

A partir de diciembre de 2017 fue incluido dentro de la nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el delito de narcomenudeo en donde es posible obtener datos desagregados a nivel nacional, estatal y municipal desde enero de 2015 hasta la fecha (enero de 2018, de acuerdo con la última actualización disponible).

No obstante, dado su reciente incorporación a las bases de datos estos registros aún siguen presentando problemas y omisiones en algunos municipios y entidades del país tales como los 0 registros de este delito en 2015 por parte de Baja California, las 0 carpetas de investigación (CI) en el Estado de México en 2017, o solo 1 carpeta en 2015 en Tabasco, además de esto existen grandes variaciones en el número de carpetas registradas por año en diferentes entidades del país que difícilmente pueden ser explicadas, como son los casos de Baja California, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, por lo que esperamos que en meses subsecuentes estos probables problemas de registro y omisión sean corregidos para poder contar con estadísticas de calidad que permitan generar estrategias de seguridad confiables.

No obstante, pese a los problemas de registro que aun se tienen, el análisis de los datos nos permite vislumbrar algunos aspectos importantes sobre el problema creciente del narcomenudeo y en general de las drogas en México, tales como que las entidades que en 2017 tuvieron más CI por este delito fueron Chihuahua (8019 CI), Guanajuato (6 567 CI), Baja California (5 745 CI), Coahuila (3 256 CI) y Ciudad de México (2 625 CI), sin olvidar que pese a los 0 registros del Estado de México en 2017, esta entidad en 2015 y 2016 fue la de mayor número de CI en el país, por lo que se esperaría que una vez corregidos los errores de registro, el Estado de México mostrara un número importante de carpetas para este delito.

Por otro lado, en términos de tasas, las cinco entidades con mayor incidencia fueron Chihuahua (212.03), Baja California (160.27), Colima (125.57), Guanajuato (111.14) y Coahuila (111.14), con tasas 5.0, 3.5, 2.5, 2.1 y 2.0 veces mayores a la nacional, que en 2017 fue de 35.59 CI por cada 100 mil habitantes. Además, podemos ver que los crecimientos absolutos de tasas más importantes entre 2016 y 2017 fueron de Baja California (110.39 unidades más), Chihuahua (84.14 unidades más), Colima (54.89 unidades más), Guanajuato (48.31 unidades más) y Coahuila (24.41 unidades más), lo cual parece resultar acorde al compararse con el incremento de otros delitos tales como los homicidios dolosos que pueden llegar a estar relacionados con este y otros delitos en México.

A nivel municipal los datos de narcomenudeo están desagregados solo para 1 923 municipios de los 2 458, de donde podemos observar en principio que los municipios con mayor número de CI en 2017 fueron Juárez y Chihuahua, Chihuahua con 6 576 y 993 CI respectivamente (correspondiente al 94% del total estatal); León, Guanajuato con 4 977 CI (76% del total estatal); además de Tijuana y Mexicali en Baja California con 2 818 y 2 252 CI (88% del total estatal). Tan solo estos cinco municipios obtuvieron el 40% del total nacional de 2017 (sin contar al Estado de México y sus municipios).

Para el caso de los municipios con poblaciones de 100 mil habitantes o más, sabemos que en 2017 Juárez, Chihuahua tuvo una tasa de 453.87 CI por cada 100 mil habitantes, superior al nivel nacional en 11.75 veces; seguido del municipio de León, Guanajuato con una tasa de 320.39, es decir 8 veces mayor a la nacional; en tercer y cuarto lugar se colocaron Zamora, Michoacán y Piedras Negras, Coahuila ambos con niveles 7.5 veces mayores al del país y en la quinta posición se localizó Colima, Colima con una incidencia 6.5 veces superior a la de México.

Otros municipios de 100 mil habitantes o más a destacar, tanto por sus altas tasas de narcomenudeo como por sus altos niveles de homicidios dolosos, son Colima, Tecomán y Manzanillo en el estado de Colima con tasas de narcomenudeo 6.5, 2.5 y 2.4 veces mayores a la nacional y tasas de homicidio doloso 2.7, 7.6 y 4.8 veces superiores a la nacional respectivamente. El municipio de Tijuana, Baja California con tasas de homicidio doloso y narcomenudeo superiores en 3.5 veces a la tasa nacional para ambos delitos o La Paz en Baja California Sur con niveles de 2.7 y 2.4 veces mayores a las tasas nacionales de estos dos delitos en 2017.

Por tanto, pese a los problemas de registro del delito de narcomenudeo, es posible localizar entidades y en particular municipios en donde se concentra un número importante de CI al interior del país y en donde los datos parecen indicar que este delito ha mantenido niveles altos y crecientes para el periodo 2015 a 2017, sin que a la fecha se observen estrategias puntuales que reduzcan este fenómeno en dichos territorios.

Por otro lado, podemos observar que en varios de los municipios del país existe una asociación entre altas tasas de narcomenudeo y altas tasas de homicidio doloso (y otros delitos de alto impacto), lo que repercute directamente sobre los niveles de inseguridad y violencia, vulnerando el bienestar físico y emocional de las personas que habitan en estas regiones. Por lo que resulta necesario contar con estadísticas delictivas confiables y completas de los delitos que se cometen en México, para poder generar estrategias y políticas de seguridad que tengan un efecto duradero y no solo sean un paliativo de los problemas de inseguridad y criminalidad por los que atraviesa nuestro país.

Referencias

Diario Oficial de la Federación (20 de agosto 2009). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales. Disponible en:

SESNSP (2018). Nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas del fuero común. Datos Estatales y Municipales (2015-2018). Disponible en:

CONAPO (2017). Proyecciones de la Población 2010-2050. Disponible en:

Oscar Rodríguez Chávez

Investigador del Observatorio Nacional Ciudadano

@RdCh85 @ObsNalCiudadano

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