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La crisis financiera por la que atraviesan las universidades públicas estatales no es coyuntural, sino que han operado en condiciones deficitarias durante los últimos años, destacó el secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda.

En un encuentro, los rectores demandaron no señalar “con dedo flamígero” a las universidades que tienen que buscar mecanismos adicionales para suplir la falta de presupuesto público, así como investigar las irregularidades en las que se han visto involucradas desde las dependencias de gobierno, y demandaron unidad para defender su autonomía.

Aprovecharon la reunión para presentar sus estados financieros y a través de la ANUIES demandaron una “política renovada” de financiamiento a las instituciones públicas. Recordaron que pese a una crisis financiera internacional, las universidades “han hecho un gran esfuerzo” por contribuir al alcance de las metas de cobertura y de calidad y han logrado incrementar la matrícula “en proporciones muy superiores” al crecimiento del subsidio.

“Para la Asociación es motivo de gran preocupación la situación financiera crítica que enfrentan un grupo de universidades públicas. Debemos precisar que no se trata de un problema coyuntural para el cierre de este año. Estas instituciones han operado en condiciones deficitarias en los últimos años como resultado del crecimiento acelerado de la matrícula, el reconocimiento parcial de la plantilla de personal académico y administrativo, los compromisos contractuales adquiridos a lo largo de décadas y la falta de solvencia para atender las obligaciones derivadas de los sistemas de pensiones y jubilaciones”, señaló Valls Esponda a nombre de las afiliadas.

Se trata de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), las cuales no han reconocido una “quiebra técnica”; la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos; la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; la Universidad Autónoma de Nayarit y la Universidad Autónoma de Zacatecas que sí se declaran en esta circunstancia.

Durante la entrega de los estados financieros auditados del ejercicio fiscal 2016 a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Valls Esponda destacó la necesidad de que el financiamiento de la educación superior tenga “visión de Estado”.

En la reunión, a la que asistieron los representantes y rectores de 33 de las 34 Universidades Públicas Estatales , Valls Esponda consideró que este es un eje prioritario para dar certeza presupuestal a las instituciones de educación superior “en un marco de corresponsabilidad entre gobiernos federal y estatales.

“La solución a estos problemas estructurales requiere de una política renovada de financiamiento con la corresponsabilidad de los distintos órdenes de gobierno y el compromiso de las instituciones de educación superior para llevar a cabo las reformas que permitan su sostenibilidad financiera en el largo plazo”, agregó.

Juan Eulogio Guerra, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, dijo que los funcionarios que las representan deben mantener “una actitud ética y moral”.

Pidió que no se juzgue ni condene a las universidades que busquen mecanismos para obtener recursos. “Más que aspectos para señalarnos con un dedo índice de fuego, poder asumir que al Estado le ha hecho falta resolver de fondo el problema del presupuesto para la educación superior (...) a pesar de que el presupuesto es insuficiente, nunca lo hemos tomado como pretexto para dejar de hacer lo que estamos obligados”, agregó.

El titular de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo, pidió a los rectores mantenerse unidos contra una interpretación legal “que amenaza con vulnerar” la autonomía.

Ello después de que el Congreso local aprobó una reforma para designar al titular del órgano interno de control, el cual sustituirá al contralor de la universidad.

El presidente de la Comisión de Vigilancia, Luis Maldonado (PRD), precisó que en la revisión de la Cuenta Pública 2016, que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se tiene la ejecución total de 42 revisiones al mismo número de universidades. De ese total, continuó, 34 auditorías tuvieron un enfoque de cumplimiento financiero, siete de tipo forense y una sobre inversión física. Sobre la Cuenta Pública 2015, se practicaron 58 revisiones a 21 instituciones, principalmente con enfoque de cumplimiento financiero, con carácter de desempeño forense.

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