Ley de Seguridad Interior debe respetar dignidad humana: CNDH

Ante la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior , la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( CNDH ) afirmó que una ley no puede hacer explícita la violación a los derechos humanos, promover la ilegalidad o contravenir la Constitución.

En un posicionamiento, el organismo rector de los derechos humanos en México manifestó que esta ley debe tener contenidos que sean respetuosos con la dignidad humana, del marco jurídico vigente en el país y encuadrarse dentro de una política integral que incida positivamente en los problemas de seguridad y justicia que enfrenta el país desde hace más de diez años.

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La CNDH aseguró que de aprobarse esta ley sólo contribuiría a mantener el estado actual de cosas, al favorecer el uso discrecional de las fuerzas armadas como base de una estrategia para abatir la violencia e inseguridad a la que se enfrenta y apuntó que la propuesta no establece en forma expresa la forma como se conciliará la prevención, investigación y persecución de delitos con el amplio espectro de conductas que se pretenden encuadrar como materia o riesgos a la seguridad interior.

“Siendo en consecuencia previsible que su aplicación trasgreda, desde el origen, garantías procedimentales básicas y derechos humanos reconocidos en la Constitución, lo cual propiciará que los responsables de una conducta ilícita tengan una puerta abierta para eludir la acción de la justicia por la indebida actuación de las autoridades, una vez que sus acciones fueran puestas a consideración de un tribunal de derecho”, señaló.

La CNDH manifestó que la necesidad de que se emita una ley sobre seguridad interior, así como el alcance y contenido no pueden ser producto de “decisiones coyunturales o políticas” y apuntó que en el ámbito del reconocimiento, respeto y protección de los derechos humanos, los potenciales riesgos del dictamen que será objeto de discusión son múltiples y de diversa gravedad.

En este sentido, la comisión ejemplificó que algunos de los riesgos son la imposición de una reserva absoluta sobre la información que se genere y con esto, la falta de mecanismos reales y efectivos de rendición de cuentas; la posibilidad de que las fuerzas armadas realicen tareas de investigación y prevención de delitos; así como la trasgresión a los derechos de reserva y secrecía en favor de las víctimas al obligarse a todas las autoridades a entregar cualquier información que sea requerida en este ámbito.