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Disputan tierras en San Quintín

Nación 16/10/2017 09:00 ​Astrid Rivera y Julián Sánchez Actualizada 12:07

Más de 50 familias de pescadores y Terra Peninsular AC pelean por mil 700 hectáreas; ambos aducen que con ellos se beneficiaría la conservación ambiental

Más de 50 familias de pescadores de la bahía de San Quintín, en Baja California, mantienen una disputa con la empresa extranjera Terra Peninsular AC, por la propiedad de mil 700 hectáreas, en la que familias originarias de ese lugar se han dedicado por varios años a la crianza del ostión.

Carlos Quintanilla Yerena, abogado de los pescadores de esa bahía, y Francisco Sesma Vázquez, quien realiza el trámite de los terrenos, explicaron que la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) emitió el 19 de noviembre de 2015 los títulos de propiedad de las mil 700 hectáreas donde habitan los pescadores, a favor de ellos, por lo que tienen la razón y el aval jurídico de su posesión. En consecuencia, es falsa la versión de la compañía de que es propietaria de las hectáreas.

La disputa se remonta a 1947 cuando Miguel Alemán Valdés, ex presidente, otorgó el título de propiedad de 130 mil hectáreas en el valle de San Quintín en Ensenada, Baja California, a la familia Orendain. En ese tiempo el costo del terreno susceptible para el cultivo era de 20 pesos la hectárea. El espacio en agostadero costaba cuatro pesos con 76 centavos, detallaron. Quintanilla Yerena asegura que las mil 700 hectáreas de la bahía de San Quintín donde se establecieron los pescadores y sus familias nunca formaron parte de la extensión del lugar que el ex mandatario les otorgó a los Orendain.

“Ese título de propiedad son 130 mil hectáreas para la familia Orendain, que habían sido afectados en Magdalena Jalisco para crear ejidos. En los planos del terreno se observa que la propiedad de los ejidatarios no aparece como parte de estas 130 mil hectáreas. La bahía de San Quintín no entra en esas 130 mil hectáreas. Estamos a más de 5 kilómetros, de la concesión que les dieron a ellos [los Orendain]”, indicó.

En 2016, la asociación extranjera Terra Peninsular AC presentó un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno en Materia Administrativa con sede en Ensenada. Alegó haber adquirido los predios en 2012 mediante un fideicomiso. Destacó que durante un año el Juez Noveno en materia Administrativa de Ensenada no recibió ningún escrito de parte de los ejidatarios y su representación legal, aunque la parte acusadora argumentó que carecían de personalidad jurídica.

“Ningún fideicomiso aparece en el Registro Público de la Propiedad. Desconocemos por qué la supuesta compra no se hizo de forma transparente, pagando los impuestos correspondientes. Exigimos que el Juez Noveno en Materia Administrativa con sede en Ensenada se abstenga de participar. Lo contrario haría evidente que tiene intereses, puesto que es residente de la zona”, dijo.

El abogado de los ejidatarios detalló que la asociación interpuso un amparo, el cual fue otorgado “indebidamente” por el juez, porque no agotó el trámite judicial administrativo. “Conforme al artículo 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios de Ensenada, debieron agotar un trámite en el Tribunal Agrario de Ensenada. Tendría que haberse resuelto a través de una sentencia en el Tribunal Unitario Agrario de Ensenada y luego en su caso irse al amparo”.

Aseguró que los dueños de esas mil 700 hectáreas son los ejidatarios. Información de la Sedatu señala que las solicitudes de enajenación de terrenos nacionales fueron presentadas en febrero de 1994, pagados en noviembre de 1994 y septiembre de 1995.

La asignación

Tras verificar que los expedientes cumplían con los requisitos de la Ley Agraria vigente al momento de llevarse a cabo el procedimiento de enajenación, el 19 de noviembre de 2015, se expidieron los títulos de propiedad de terrenos nacionales por parte de la titular de la dependencia federal, Rosario Robles Berlanga, estos documentos fueron entregados el 15 de enero de 2016 a Francisco Sesma Vázquez, cuyos predios son Lomas de San Quintín y La Punta; Miguel Valadez Ríos, propietario del predio El Cerrito; José D. Salazar Goyri, Los Cantiles; Manuel Fernández Ramírez, La Chorera; Juan Manuel Cota Pérez, Las Lajas; Everardo Bayón Barrios, El Faro; Héctor Bojórquez Quintero, El Mirador; Guadalupe Díaz Castellanos, Monte Blanco; y Mario G. Rivera Garza, Las Dunas.

El 28 de junio y 24 de agosto de 2016, la Asociación Civil Terra Peninsular AC promovió los amparos 251/2016 y 302/2016 en contra de la expedición de los siguientes títulos de propiedad: El Cerrito, Las Lajas, El Faro, Monte Blanco, Las Dunas y El Mirador, argumentando que la superficie de las tierras tituladas se encuentran inmersas dentro de su propiedad, adquiridas por la familia Orendain y Manzanera del Campo.

“Durante los diversos juicios que en su momento se llevaron a cabo [853/2000] se demostró que las propiedades de los Orendain y Manzanera del Campo no se sobreponen con los terrenos nacionales titulados”, indicó.

A la fecha la Sedatu rindió el Informe Justificado en donde demuestra que la propiedad de los señores Orendain y Manzanera del Campo son predios diferentes a los terrenos nacionales titulados. Los Juicios de Amparo 251/2016 y 302/2016 se ventilan en los Tribunales Octavo y Noveno de Distrito en Materia Administrativa en Baja California; se está en espera del fallo del juzgador.

Terra Peninsular es presidida por Alan Harper, quien también es miembro de los consejos directivos de la Sociedad Audubon California, Liga de Votantes de California por la Conservación (CLCV, por sus siglas en inglés) y el Instituto de California para la Biodiversidad. Todas fuera de México. Según la información de su web, se trata de una asociación civil mexicana sin fines de lucro dedicada a la conservación ambiental. Se fundó en 2001, con el objetivo de conservar y proteger los ecosistemas naturales de la península de Baja California. “Debido a los pocos esfuerzos de conservación de hábitats en Baja California, México, Terra Peninsular surgió como una necesidad ante la pérdida de espacios naturales a causa del crecimiento urbano, agrícola, minero y de energías renovables”, señala. EL UNIVERSAL contactó a la asociación para preguntarle su postura en este conflicto, pero no dio ninguna respuesta.

Criadores

Desde 1960, la bahía de San Quintín, municipio de Ensenada, Baja California, ha sido ocupada por pescadores, quienes desde 1973 cultivan ostión para exportar a EU.

Francisco Sesma Vázquez, ejidatario de la Bahía de San Quintín y ex diputado del PRI, comentó que desde los años 70 comenzaron con el cultivo del ostión, el cual realizaron con apoyo del Programa de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider), con el que instalaron un laboratorio de producción de semillas de ostión.

Actualmente esta comunidad pesquera vende más de 25 mil docenas de ostiones a la semana, en el país y también al extranjero.

“Desovas una hembra y un macho, se junta el óvulo y el esperma, lo tienes en sistema controlado por 21 días y sale un músculo fijador, se le pone el sustrato de fijación y lo llevamos a la bahía a sembrar en consecuencia, aparte de eso que estamos haciendo es una cuestión ecológicas, porque compramos las tierras para que no se contamine la bahía”, dijo.

Sesma Vázquez insistió que en el área de mil 700 hectáreas, conocida como La Chorera, viven 50 familias que han procurado conservar ecológicamente la zona, así como otros productores que llegan de comunidades vecinas a trabajar del lugar, por lo que “nunca los van a sacar de ahí”.

Destacó que se pretende que esos terrenos propiedad de los productores sigan pasando por generaciones para seguir con el cultivo del ostión. Mencionó que es un sitio en el que también llegan otras especies a desovar, por lo que el lugar es de gran importancia. Destacó que estudiantes de oceanografía y biología marina llegan para aprender lo que no les enseñan en la escuela y luego como profesionistas regresan, puesto que la explotación del mar ahí es de gran relevancia.

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