El Órgano Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que esta dependencia, que encabeza Alejandro Gertz Manero , se olvidó de las licitaciones públicas en adquisiciones, arrendamientos y servicios en todo 2020.
En un informe que envió el titular del Órgano Interno de Control, Arturo Serrano Meneses, a la Cámara de Diputados, se destaca que la FGR sólo ejerció 18.66%, es decir, 706 millones 777 mil 406 pesos a través de licitaciones públicas.
Contrario a esto, la FGR gastó 81.34%, es decir, 3 mil 82 millones 186 mil 292 en adquisiciones distintas a la licitación pública, como adjudicaciones directas, invitaciones a cuando menos tres personas y convenios entre dependencias.
Por esto, el OIC opinó que 81.18% de los contratos adjudicados los ejerció a través de procesos de excepción a la licitación pública amparados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
“Del presupuesto comprometido al 31 de diciembre de 2020, 81.18%, es decir, 3,076,024,102.63 (tres mil setenta y seis millones, veinticuatro mil ciento dos pesos 63/100 m.n.), se ejerció a través de los procesos de excepción a la licitación pública amparados en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, razón por la cual se observa que la licitación pública, durante el ejercicio 2020, no fue el procedimiento por el cual optó la Fiscalía General de la República en la adquisición de bienes y servicios”, define el informe entregado al Palacio Legis-lativo de San Lázaro.
En el documento se declara que el presupuesto autorizado para adquisiciones, arrendamientos y servicios para el sector central al 30 de enero del ejercicio 2020, ascendía a 4 mil 94 millones 800 mil 194 pesos y se ejercieron 3 mil 788 millones 963 mil 699 con 55 centavos (92.53%), esto con información integrada en el Sistema CompraNet de los contratos suscritos por la FGR al 31 de diciembre de 2020.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público establece que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa.
Explica que la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para el Estado.
Conclusiones
El OIC concluyó que si la Fiscalía General de la República hubiera atendido estrictamente la norma, el importe pagado bajo los criterios de invitación restringida a cuando menos tres personas y por adjudicación directa, la suma de las contrataciones no hubiera rebasado 30% del presupuesto de adquisiciones, arrendamientos y servicios.
“Por el contrario, se hubieran evitado costos administrativos horas/hombre empleadas para realizar la convocatoria y sus anexos [en caso de adjudicaciones directas]; el personal administrativo y del área técnica que interviene en el proceso; la actuación de los asesores, costos fijos de energía eléctrica y de publicaciones.
“Existió una inadecuada planeación y programación de ciertas contrataciones, pues en el mes de diciembre de 2020, aún estaban consideradas algunas de importancia significativa, cuyos actos del procedimiento [recepción y apertura de las propuestas, así como los fallos correspondientes] se programaron para los últimos días del año, con tiempos muy cortos para la evaluación de las propuestas y la emisión del fallo respectivo, lo que pudiera provocar evaluaciones deficientes, la presentación de inconformidades, incluso, una declaración desierta de la licitación respectiva”, determina en el documento el Órgano Interno de Control.
Contratos
El OIC detectó cuatro contratos que ascienden a mil 712 millones 220 mil 280 pesos (55.66%), que a pesar de que sí cumplieron con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, “no se lograron llevar a cabo mediante procesos de licitación pública por debilidades de control interno en las áreas requirientes para efectuar una debida planeación en su contratación”, aseguró.
Por ejemplo se gastaron más de 280 millones en la adquisición de combustible para el parque vehicular de la FGR; además, se adjudicó otro contrato para el servicio de transportación terrestre en la Ciudad de México y cobertura nacional (arrendamiento de vehículos) por mil 396 millones 962 mil 330 pesos; en mensajería y paquetería a nivel nacional se gastaron 9 millones 668 mil pesos y más de 25 millones para el suministro de alimentación para las unidades administrativas (cocina y comedor) desayuno, comida, cena, menú ejecutivo, box lunch y suministro de café.
Recomendaciones
También, el OIC emite sus recomendaciones que en virtud de las decisiones administrativas que se efectuaron sobre los procesos de adjudicación al amparo de los artículos 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos mediante las licitaciones públicas: “Recomienda que el área competente en la Fiscalía General de la República emita una regulación específica que oriente a las áreas requirentes, acerca de cuándo una adjudicación puede realizarse mediante un proceso distinto al que, por su naturaleza, monto y necesidades del servicio, bien podía llevarse a cabo bajo los supuestos previstos en la Ley de Adquisiciones”.
Además de realizar la planeación y programación de las adquisiciones en el interior de la FGR para asegurar procesos más eficientes y eficaces, que aseguren la contratación de bienes y servicios que satisfagan las necesidades institucionales.
“Así como asegurar el acceso del Órgano Interno de Control, en tiempo real, a los sistemas de información sobre el control en el ejercicio del gatos de la Fiscalía General de la República, en materia de programas administrativos, a fin de acompañar a las áreas normativas y requirientes en sus procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, con el fin de ejercer sus facultades de prevención y asistencia técnica para las unidades administrativas, en beneficios de la institución y en mejora de sus procesos administrativos, como sustantivos”, define el documento.
Adjudicación directa
El informe describe que de los 44 contratos que se adjudicaron al 31 de diciembre de 2020, en 21 de ellos que ascienden a mil 335 millones 443 mil 360 pesos (43.41%) cumplen con lo establecido en la norma aplicable de criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, hon- radez y transparencia.
En esos contratos se adquirieron servicios informáticos, de mantenimiento y soporte técnico, telefonía móvil, servicios satelitales, telefonía convencional, servicios preventivo y correctivo al parque vehicular blindado de la FGR, adquisición de partes, refacciones, componentes y accesorios para el mantenimiento de las aeronaves, y mantenimiento de equipos de laboratorios, así como servicios de asesoría legal.
Además, se identificaron 19 contratos por 28 millones 360 mil 362 pesos (0.93%), y 14 se pudieron llevar a cabo mediante una invitación restringida y cinco por adjudicación directa.