Senado modifica fecha para consulta popular contra expresidentes; va hasta julio del 2021

Con 54 votos a favor y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó modificar la convocatoria para la realización de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de manera que entre en vigor el 15 de julio de 2021 para efectos de propaganda y promoción

El Senado en Pleno aprobó que la convocatoria para la consulta entre en vigor el 15 de julio del próximo año
Foto: Archivo/EL UNIVERSAL
Nación 05/11/2020 16:54 Teresa Moreno y Juan Arvizu Actualizada 17:08
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Con 54 votos a favor y 16 abstenciones, el Senado de la República aprobó modificar la convocatoria para la realización de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes de manera que entre en vigor el 15 de julio de 2021 para efectos de propaganda y promoción.

Sin discusión en lo general ni en lo particular, el Senado en Pleno aprobó que la convocatoria para la consulta entre en vigor el 15 de julio del próximo año, lo que en los hechos implicaría que el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá 15 días para realizar acciones de propaganda y promoción de la consulta.

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La discusión del tema inició desde ayer, luego de que la senadora por Morena, Mónica Fernández Balboa, propuso una fé de erratas para cambiar la fecha de entrada en vigor de la convocatoria puesto que si entraba en vigor, como indica su primera versión, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entonces el gobierno federal no podría hacer llevar a cabo ninguna acción de propaganda hasta la celebración de la consulta.

Para la consulta popular no se contempla un plazo equivalente de campaña, como referente para la suspensión de la difusión de la propaganda gubernamental sino que el Congreso determinó un plazo de manera genérica entre la convocatoria y la conclusión de la jornada de la consulta popular.

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"Si bien la consulta popular no se constituye por si un proceso electoral, participa de algunas características de este y se asimila en ciertos actos (...) La pretensión del constituyente y del legislador fue restringir la propaganda gubernamental en la fase procesal en que se realiza la actividad orientada a la obtención del voto electoral, y por analogía la obtención del voto en la consulta popular".

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