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Se han acostumbrado al sonido. Lo pueden identificar a kilómetros de distancia. Entre el silencio y el viento del bosque escuchan el crujir de las ramas o el rugido de la motosierra, señalan un punto en el cielo y dicen: “¡Allá están tumbando pino!”. Identifican el canto del ave, así como el ruido de la lumbre consumiendo la leña para el café con pinole, y ahora identifican el derribo de los árboles. Los ven pasar ya sea en el día, en la tarde o en la noche. Andan en camiones con 10 o 15 personas a bordo. Algunos llevan armas y en el camino disparan al aire. Así se adentran a la sierra, a los caminos que los indígenas han hecho por cientos de años y donde hoy no encuentran sombra porque se las han quitado de golpe. Los obligan a trabajar con ellos y les pagan entre mil y 2 mil pesos. Ninguno denuncia porque creen que son ellos los que están delinquiendo. Simplemente nadie dice nada.
Un abogado de la capital del estado que trabaja casos en la sierra Tarahumara, entre ellos el del encarcelamiento de Isidro Baldenegro, sólo registra un expediente de tala ilegal en más de 20 años de trayectoria. Fue contra un rarámuri que fue sorprendido tirando pino para construir su casa. Es entonces que el miedo que tienen los rarámuris de la zona a realizar denuncias parece estar justificado, cuando siempre se les culpa.
Esta reunión se hizo en las primeras horas del día. En un rancho. Los indígenas llegan de distintas colinas. Evitan ser vistos por las pocas personas que pueden pasar por las veredas en la cumbre de Guerachi, en el municipio de Guachochi. Ahí comienzan a hablar sobre lo que han vivido. “Todo está tumbado. Acá ya se está acabando todo para los pobres indígenas. Más antes no era así”, dicen varios pobladores. A uno de ellos, que fue interceptado por uno de los camiones, le pusieron el cañón de un rifle en la cara y fue obligado a subir. Ahí lo golpearon y después lo aventaron en el bosque. Hablan de ranchos que han sido baleados en medio de reuniones indígenas.
Algunos rarámuris han dejado su tierra por miedo y amenazas para emigrar a Guachochi, ciudad en la sierra que recibe gente que huye de los municipios de Guadalupe y Calvo. Sin un conteo en la zona, de pronto las casas comienzan a vaciarse. Se habla de los años 2010-2011, cuando hubo un enfrentamiento entre sicarios que dejó arriba de 30 muertos. Con sigilo, los indígenas comienzan a pedir la paz que alguna vez disfrutaron.
Uno de los comisarios ejidales decidió presentar una denuncia en la Profepa. Luego de tres meses, acudieron encargados de la procuraduría y encontraron evidencia suficiente para afirmar que se había cometido tala ilegal. Después no ha pasado nada. Sólo siguen viendo a los camiones sacando madera. Ya se acostumbraron al sonido, pero no al sol que se planta con más fuerza tras la caída de los árboles.
