Sector privado cuestiona lineamientos de derechos de las audiencias; advierte riesgos para la libertad de expresión

Al concluirse la consulta pública por los derechos de las audiencias, organizaciones del sector privado informaron de las preocupaciones que hay porque la propuesta gubernamental podría implicar más intervención del Estado y falta de libertad de expresión.

Por una parte, la Asociación de Internet Mx dijo que la protección de la audiencia “no representa un obstáculo para la libertad de expresión; por el contrario, ambas dimensiones son complementarias”. Expuso que “una democracia requiere medios responsables, pero también necesita que el Estado respete escrupulosamente la libertad editorial y se abstenga de establecer mecanismos que puedan derivar en censura directa o indirecta”.

Los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias” contienen “conceptos jurídicos indeterminados que, sin criterios técnicos objetivos, pueden producir incertidumbre regulatoria y abrir espacios para decisiones discrecionales incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales de libertad de expresión”.

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Dijo que los “conceptos abiertos” que se incluyen “permiten que la autoridad administrativa termine evaluando contenidos editoriales, sustituyendo el juicio profesional de periodistas y medios de comunicación”.

Por otra parte, México Evalúa aseguró que algunos de los elementos que se incluyen en los lineamientos “podrían ampliar de manera innecesaria la intervención de la autoridad en los contenidos y decisiones editoriales, sin olvidar que el Poder Judicial tendrá la última palabra cuando haya desacuerdos entre las partes involucradas”.

Consideró que hay “disposiciones que podrían ampliar el margen de intervención de la autoridad sobre el funcionamiento interno de los medios y generar incentivos para restringir contenidos o evitar decisiones editoriales controvertidas”.

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Añadió que preocupa la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ordene la suspensión precautoria de transmisiones, porque “el artículo 10, fracción LIII, de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contempla esta facultad en casos de violación a los lineamientos en materia de derechos de las audiencias”.

Asimismo se podrían imponer multas de hasta 1% de los ingresos acumulables del concesionario por cada infracción, ya sea por incumplimientos de carácter administrativo o bien por un procedimiento de queja promovido por una persona con derechos de audiencia respecto de ciertos contenidos.

“La combinación de ambas facultades resulta especialmente sensible cuando la controversia involucra contenidos periodísticos, informativos o editoriales, por su potencial impacto sobre la libertad de expresión y de prensa”, explicó.

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