La intromisión del crimen organizado en las elecciones debe sancionarse a través de los partidos políticos y la nulidad de las elecciones en caso de comprobarse los nexos con candidatos y criminales, señala la consejera Carla Humphrey en entrevista con EL UNIVERSAL en torno a la próxima presentación de una reforma electoral.
“Los partidos políticos son quienes tienen que asumir la revisión de las candidaturas que hacen, evitar que sus candidatos y candidatas tengan alguna liga pública o, cuando menos, que puedan conocer a personas vinculadas con una organización del crimen en nuestro país. Que los partidos no puedan ni sean sancionados por postular a candidatos relacionados con el crimen organizado debe cambiar”, advierte.
“También debe incluirse la posibilidad de anular elecciones por revelaciones graves en temas de ingresos relacionados con el crimen organizado, con el lavado de dinero y con la triangulación de recursos o estas operaciones simuladas de distintas empresas, fachada o factureras”, insiste Humphrey Jordan.
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La consejera, también presidenta de la Comisión de Fiscalización en el INE, detalla que en esa materia debe revisarse la implementación de nuevas medidas tecnológicas, además de exigir el veto total al secreto ministerial que algunas autoridades argumentan a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto en las investigaciones.
“Tenemos un buen sistema y un buen andamiaje, pero como Instituto Nacional Electoral debemos poder tener acceso a esa información, a la que tienen acceso, pues, secretarías de estado, unidades y otras dependencias de nuestro país para poder tener esta fiscalización”.
Continúa: “Por eso pedimos que no se nos oponga secreto ministerial como frecuentemente lo hacen las fiscalías en nuestro país, como si el INE se tratara de un particular y no de la autoridad. Pero es la autoridad que constitucionalmente cuenta con atribuciones para realizar esta fiscalización en partidos políticos y candidaturas”.
Reforma debe ser más firme en violencia política de género
Carla Humphrey también considera que la reforma electoral debe ser más firme en las sanciones y más específica en cuanto a lo que se considera violencia política en razón de género, pues actualmente muchos violentadores acceden a los puestos de elección popular a pesar de haberlo sido por la falta de sentencias judiciales firmes en su contra, aunque cuenten con el señalamiento del INE.
“En relación con lo establecido en el artículo 38 constitucional, que no sólo sea sentencia firme sino también resoluciones administrativas, porque los institutos electorales, muchos de ellos, resuelven los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género y eso se queda sólo en amonestaciones. Les tienen que otorgar la misma validez que a una sentencia judicial para no acceder al cargo”, explica.
Un aspecto más en el que, de acuerdo con la consejera, la reforma electoral debería profundizar, es en la alternancia de género en presidencias municipales y dirigencias de partidos políticos.
Pide eliminarJunta General Ejecutiva
Un tema que ha generado profundas diferencias entre los consejeros del instituto ha sido la reforma que en 2024 otorgó a la consejera presidenta Guadalupe Taddei la posibilidad de nombrar sin consenso del Consejo General a los encargados de diversas direcciones y unidades técnicas, una atribución que antes debía hacerse con mayoría de votos entre las 11 consejerías.
Al respecto, Carla Humphrey considera que en la nueva reforma electoral debe eliminarse la existencia de la Junta General Ejecutiva, que es el órgano encargado de proponer al Consejo General las políticas y los programas, así como los procedimientos administrativos a llevar a cabo. A decir de la consejera, con la reforma de 2024 no tiene caso su existencia.
“Me parece que las condiciones en las que opera actualmente el instituto, en las que una sola persona es quien toma esas decisiones, que tiene la posibilidad de nombrar a todas las personas directoras, ejecutivas de la institución y titulares de unidades, pues claramente no tiene ninguna razón esa responsabilidad que ahora desarrolla la junta.
“Se pueden claramente distribuir entre las comisiones sus demás funciones, pues ahora las decisiones trascendentes las toma el Consejo General, así que creo que es un tema que debería desaparecer, y desde luego que se debe privilegiar de nueva cuenta la colegialidad”, concluye.
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